Diez municipios bajo la lupa de la Fiscalía por presuntos delitos

La Contraloría General de la República encontró antecedentes que podrían ser constitutivos de delitos tras realizar auditorías en 10 municipios, remitiendo los hallazgos al Ministerio Público.

Las auditorías fueron realizadas entre enero y diciembre de 2018 y los municipios que quedaron bajo la lupa de la Fiscalía son Santa Cruz -donde Contraloría hizo una denuncia-, Viña del Mar, La Cruz, Villarrica, Los Vilos, Maipú, Punta Arenas, Salamanca, Puerto Varas y San Ramón, según informó La Segunda.

Estos últimos cinco municipios concentran la mayor cantidad de recursos involucrados, partiendo con la comuna actualmente liderada por Cathy Barriga (independiente pro UDI), donde la auditoría a los ingresos y gastos en años anterioes del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Maipú (Smapa) determinó que no está respaldado el uso de 6.660.790.096 pesos en aportes financieros reembolsables por capacidad y por extensión entregados por empresas privadas y públicas a la municipalidad.

La Brigada de Delitos Económicos de la PDI se encuentra realizando las diligencias para determinar el destino del monto.

Barriga comentó que la Contraloría "me informo en su resultado final que la obligación contraída y suscrita entre los años 2006 y 2013 bajo las administraciones de Alberto Undurraga (DC) y Christian Vittori (ex DC) adolecía de graves faltas toda vez que no se logró determinar ni el ingreso de los fondos ni el destino efectivo de tales recursos".

En tanto, en la Corporación Municipal de Punta Arenas se detectaron seis situaciones constitutivas de delito que, según el alcalde Claudio Radonich (RN), se produjeron en administraciones anteriores.

"Además de la auditoría que solicitamos a Contraloría, encargamos una privada que confirmó lo que sabíamos: más de mil millones de pesos corresponden a dineros que no están suficientemente rendidos de 2009 a 2017. La administración anterior suspendió la unidad de control", dijo el jefe comunal al vespertino.

Mientras que en Salamanca, se constató la no ejecución del Plaza Santa Rosa, por la cual habría recibido recursos desde la empresa minera Los Pelambres, sin que se haya dado cuenta de la existencia de esos fondos que corresponden a 173.293.162 pesos, y también se detectaron pagos de distintos proyectos relativos al convenio, con cargo a cuentas corrientes con finalidades exclusivas, que llegan a 131.630.290 pesos.

A su vez, en el Departamento de Educación de Puerto Varas se detectó que la cuenta corriente habilitada por ese departamento para la administración exclusiva de fondos SEP registraba un saldo de 374.267.090 pesos, monto que no cubría el remanente del programa ascendente a 859.951.716 pesos.

El alcalde Ramón Bahamonde (ex UDI) también culpó a la administración anterior: "El mayor desorden en la historia educacional municipal de Puerto Varas ocurrió en el período anterior".

El caso de San Ramón

Finalmente, en San Ramón, la Contraloría alertó de dos situaciones que están siendo indagadas por la Fiscalía de Delitos Violentos, Económicos y Funcionarios de la Fiscalía Sur.

Primero, el director de la Secretaría Comunal de Planificación, José Miguel Zapata, tuvo conocimiento de las licitaciones que fueron adjudicadas a una empresa de la cual fue dueño y con la que aún mantiene vínculos. Incluso, participó en la evaluación de las propuestas.

Y segundo, el alcalde Miguel Aguilera (ex PS) adquirió en 2016 una propiedad por 13.155 UF pagando 4.604 UF en efectivo, monto que a la fecha de la adquisición ascendió aproximadamente a más de 100.000.000 pesos: El origen de esta suma no fue justificado en su declaración de intereses y patrimonio.