Funcionarios de la CNA piden a Contraloría investigar eventuales conflictos de interés
Aseguran que el presidente y vicepresidente de la entidad tenían vínculos con instituciones de educación superior.
Parlamentarios de oposición apoyaron la petición de los funcionarios.
Funcionarios de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) y parlamentarios de oposición recurrieron a Contraloría para que se investigue un eventual conflicto de interés del presidente y vicepresidente de la entidad.
Según el código de ética de la CNA, los integrantes deben informar de cualquier causal de pérdida de imparcialidad o conflicto de interés para inhabilitarse de votar y se mantendría hasta por seis meses, lo que fue incumplido por parte del vicepresidente y presidente, Jaime Alcalde y Andrés Burdiles, respectivamente.
En el caso del máximo representante de la entidad, entre septiembre de 2015 y septiembre de 2016 se desempeñó como profesor en la Universidad Andrés Bello.
Luciano Mariño, representante de los funcionarios, indicó que "en el código de ética de la CNA sale específicamente que cualquier comisionado tiene que abstenerse de votar cuando hay un conflicto de intereses que le reste imparcialidad".
"El actual presidente Burdiles, cuando votó por la Universidad de Las Américas, que es parte del grupo Laureate, donde él trabajó muchos años. Hay un conflicto de interés, no solo trabaja él, sino que han trabajado familiares de él", dijo.
En el caso del vicepresidente Alcalde, fue rector de DUOC UC entre 2010 a 2012, votando a favor de su acreditación en 2017.
"Han habido situaciones de cohecho"
La diputada (PPD) Cristina Girardi presentó estos antecedentes ante la Contraloría y afirmó que "hay situaciones muy complejas de que esto es absolutamente contradictorio con el espíritu de la ley que era hacer una reforma significativa del sistema de calidad desde la educación superior en Chile. CNA es una institución que históricamente ha tenido problemas, han habido situaciones de cohecho".
Se solicitó al ente fiscalizador que se refiera a la legalidad de la actuación de las autoridades del CNA y la posible responsabilidad administrativa.