Cámara de Diputados rechazó proyecto para retrasar entrada en vigencia de la ley de la jibia

La Cámara de Diputados rechazó el proyecto que pretendía prorrogar la entrada en vigencia por dos años de la ley de la jibia, normativa que solo permite la captura del molusco por métodos artesanales.

La iniciativa, que recibió un amplio rechazo de 118 votos en contra, no fructificó y con esto la ley de la jibia entrará en vigencia este sábado 17 de agosto.

La ley es respaldada por los pescadores artesanales, quienes incluso protestaron en Valparaíso solicitando el rechazo de la prórroga como finalmente ocurrió.

No obstante, al prohibir la pesca por arrastre, el sector industrial se ha manifestado totalmente en contra de la iniciativa ya que aseguran que generará desempleo.

De hecho, el viernes pasado la empresa PacificBlu despidió 367 trabajadores ante la imposibilidad de seguir contando con jibia para trabajar.

David Castro, presidente de la Coordinadora Regional de la Jibia, indicó que "teníamos un poquito de temor, pero creíamos en nuestra democracia, en nuestros parlamentarios, así que feliz. Es el único triunfo que hemos tenido durante este año, así que imaginen como está la alegría de la gente".

"Es una lucha de muchos años, nosotros empezamos este movimiento con unos colegas pescadores artesanales el 2011 y llevamos como siete años de lucha", precisó.

La "ignorancia" de los parlamentarios

El presidente de Sindicatos Interempresas de Capitanes de la industria pesquera en el Biobío, Juan Carlos González, sostuvo que la resolución del Congreso "es terrible", y advirtió que "los mayores efectos se van a ver el próximo año".

De acuerdo al dirigente, para entonces "la gente de las plantas no se va a poder integrar a las plantas, y tampoco los barcos van a poder zarpar".

"Se detienen unidades productivas muy importantes, y ahí estamos, viendo cómo los legisladores se sumen en la ignorancia, y es la razón por la cual estamos como estamos", sentenció.

En ese sentido, desde la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes) responsabilizan particularmente a parlamentarios que representan a zonas industriales como Talcahuano y Coronel por la "pérdida de estos empleos de calidad".

Asimismo, a través de un comunicado acusan que mediante la aceptación de la prórroga, los legisladores fortalecen "la precariedad de la pesca artesanal" y extenderán "los graves problemas sociales de este sector" de forma indefinida.

El escrito además afirma que la intervención del Gobierno en la discusión fue tardía, y reitera que la solución laboral que han planteado para las cerca de 1.700 familias que perderían sus empleos es "un arreglo inviable" que confirma "el desconocimiento de las autoridades sobre el mundo laboral de la pesca industrial".

De acuerdo a la Asipes, "un trabajador embarcado tiene una renta aproximada de $1 millón y una trabajadora de planta $650 mil. Ambos son operarios altamente calificados, de edades superiores al promedio y con necesidades económicas de familias de clase media".

"Por ende, un programa de auxilio económico y capacitaciones para oficios básicos es una solución irreal", concluyen.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes), Macarena Cepeda, criticó la resolución y también al Gobierno.

"Ha sido impresionante constatar como los argumentos que están detrás de la aprobación de la Ley de la Jibia buscan destruir una actividad económica como la pesca industrial pensando que con ello van a solucionar la precariedad y los problemas que aquejan al sector artesanal, eso es un error", apuntó Cepeda. 

"Hoy no solamente pierde la Región del Biobío, sino que también pierde Chile. Lamentablemente la intervención del Gobierno en la discusión de la Ley de la Jibia fue tardía. Se involucró en la última fase de la discusión y hoy vemos los efectos de ello. Hoy vemos cómo se aprobó una ley que va a precarizar la actividad económica de la Región del Biobío y va a destruir miles de puestos de trabajo", enfatizó la dirigenta.

Ministro de Economía: Esta ley es irresponsable

El ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, reconoció que tras la entrada en vigencia de esta medida el 17 de agosto habrá un mayor desempleo, "y en consecuencia, por eso la encuentro irresponsable".

"Lo que es malo es dejar sin empleo a mil personas en las plantas de proceso, o los tripulantes de los barcos que podrían pescar la jibia", enfatizó.

Asimismo, señaló que esta ley implicará "dejar en el mar 150 millones de dólares de exportaciones que se habrían estado provocando si es que pudiera ser pescada esa jibia".