Ministerio del Interior se querelló contra sospechoso de atentados explosivos
La cartera amplió el libelo interpuesto en 2017 tras el ataque a Óscar Landerretche y agregó los otros cinco hechos que se le imputan a Camilo Gajardo.
La defensa presentó un recurso de amparo en la Corte de San Miguel para pedir su libertad inmediata.
El imputado permanece en prisión preventivo desde hace una semana.
El Ministerio del Interior presentó una querella contra Camilo Gajardo (28 años), imputado por seis atentados ocurridos entre 2017 y 2019 y quien permanece en prisión preventiva desde hace una semana.
El libelo apunta a los delitos de envío de cartas y encomiendas explosivas, además de envío de bombas o artefactos explosivos de carácter terroristas, descritos en la ley antiterrorista.
En la nueva querella, Interior amplía la que había presentado en enero de 2017 tras el atentado contra el ex presidente de Codelco Óscar Landerretche, cuando aún no se conocía la identidad del presunto autor, y suma los otros cinco hechos que le imputa el Ministerio Público a Gajardo.
El abogado querellante, Luis Hermosilla, subrayó que "es una buena noticia para todo el país que una persona que ha cometido este tipo de delitos, que ha afectado la vida de muchas personas, esté en prisión", y "al mismo tiempo -manifestó- nos debemos alegrar de que las instituciones en Chile estén trabajando para poder terminar con este tipo de hechos".
La prisión preventiva de Gajardo fue decretada por el 12° Juzgado de Garantía de Santiago el pasado viernes, tras una extensa audiencia de formalización.
Defensa pide libertad inmediata
Por su parte, la Defensoría Penal Pública interpuso en la Corte de Apelaciones de San Miguel un recurso de amparo para pedir la libertad inmediata y la anulación de una serie de diligencias "clave" realizadas por la Fiscalía Metropolitana Sur, apuntando a una vulneración de derechos al tomar pruebas de ADN sin la presencia de abogados, así como a los allanamientos a su domicilio y lugar de trabajo e incautaciones.
"En la audiencia de control de detención se expusieron antecedentes que creemos que hasta el momento no sirven ni siquiera como antecedentes de carácter indiciario", aseguró la abogada Alejandra Rubio.
En ese sentido, aseguró que "la única evidencia que lo vincula con dos artefactos se obtuvo con la vulneración de la garantía constitucional del derecho a la defensa, pues se privó a nuestro defendido de contar con la debida asistencia letrada al momento de efectuarse una diligencia de investigación que desarrolló la policía".
El 12° Juzgado de Garantía de Santiago deberá entregar un informe al tribunal de alzada y luego se iniciarán los alegatos, que se prevén para la próxima semana.