Más de 40 países acordaron alcanzar niveles de aire saludable en 2030
"Frenar el cambio climático es una oportunidad, no un coste, y aporta un beneficio inmediato y visible", indicaron.
Este lunes se iniciará la Cumbre de Acción Climática en Naciones Unidas.
Buscan situar la salud como motor político.
Una coalición formada por 41 países presentó este domingo un acuerdo para situar la salud como motor político de una mayor ambición en materia de cambio climático, con el objetivo de alcanzar niveles de aire saludable en 2030.
"Cuando se tiene en cuenta la salud, frenar el cambio climático es una oportunidad, no un coste, y aporta un beneficio inmediato y visible", señaló la ministra española para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, en un evento sobre la Iniciativa Clima y Aire Limpio en el que participó.
Este acto, previo a la Cumbre de Acción Climática que empieza mañana lunes en la sede de Naciones Unidas, sirvió para presentar el compromiso de 41 países y 71 Gobiernos regionales y ciudades, para situar la salud como motor político para abordar el cambio climático.
De acuerdo al Ministerio de Transición Ecológica, España lleva trabajando en sumar esfuerzos desde el pasado mes de julio, cuando el secretario general de la ONU, António Guterres, encargó a España y Perú y otras agencias y organismos de Naciones Unidas, que lideraran la llamada "Coalición de Impulsores Sociales y Políticos", que contempla tres iniciativas diferentes: Clima y Aire Limpio, Transición Justa y Género.
La Iniciativa "Clima y Calidad del Aire" presentada hoy propone lograr para 2030 una calidad del aire saludable y la armonización de las políticas de lucha contra el cambio climático y la contaminación atmosférica.
Con este objetivo, la estrategia contempla que los países y entidades firmantes implementen políticas de calidad del aire y de acción climática que permitan alcanzar los valores de las directrices de calidad del aire ambiental de la Organización Mundial de la Salud (OMS), más ambiciosas que regulaciones como la que actualmente rige para los Estados miembro de la Unión Europea.
Asimismo, invita a los países a activar políticas que fomenten la movilidad eléctrica y sostenible, y acciones con el objetivo de provocar cambios determinantes en la reducción de emisiones del transporte por carretera.