Abogado llamó a ENAP a indemnizar voluntariamente a afectados por intoxicaciones

Seis ejecutivos de la empresa ENAP serán formalizados por su responsabilidad en la emergencia ambiental explotada en agosto del año pasado tanto en Quintero como en localidades de Puchuncaví.

La Fiscalia regional del Biobío lleva la investigación, a la cual se suma una emergencia ocurrida en Talcahuano. La idea de unir ambos hechos es por que el elemento que generó la contaminación ingresó al país en esta última ciudad.

El abogado querellante Remberto Valdés, que representa a más de mil vecinos de Quintero y Puchuncaví, piensa que es un avance, pero planea extender la acusación a altos mandos dentro de la empresa estatal.

"Se trata de un tremendo avance sin perjuicio de que estamos estudiando otros antecedentes porque creemos que la cadena de mando puede subir y que existirían eventualmente otras personas de más alto nivel que también están comprometidas penalmente", dijo el jurista.

"Nuestro llamado es a que ENAP baje de la altura y llegue al llano y voluntariamente indemnice a las víctimas porque es una empresa de todos los chilenos que tiene por finalidad el bien común y por lo mismo debería reaccionar de ese modo".

Diputado Ibáñez apuntó a responsabilidades de empresas privadas

Desde la comisión investigadora por estos hechos en la Cámara Baja, su presidente, el diputado Diego Ibáñez (MA), remarcó que hay otras empresas privadas que también tienen responsabilidades y pide a la Fiscalía poder profundizar la investigación.

"Ya se cumplió más de un año de la masiva intoxicación y no puede ser que solamente ENAP sea la empresa formalizada cuando la comunidad sabe que cuando se cerraron las faenas en ENAP siguieron cayendo niños intoxicados a posterior, por tanto aquí hay una responsabilidad conjunta de todo el parque industrial", planteó el parlamentario.

"La Fiscalía debe profundizar su investigación y debe señalar claramente que aquí hay una responsabilidad compartida porque no puede ser que la estatal sirva como escudo de impunidad para las corporaciones privadas en Quintero y Puchuncaví", agregó el diputado.

Por su parte, la alcaldesa de Puchuncaví, Eliana Olmos, valoró que esta acción abra el camino para encontrar a los responsables. "Ya estamos cansados de investigaciones que no llegan a nada, por lo que para nosotros es altamente meritorio que existan personas que vayan a  ser formalizadas. Lo importante es que las investigaciones continúen y si existen más responsables, estos sean de igual manera individualizados y castigados", dijo.

Gobierno presume inocencia de ejecutivos

El Gobierno por su parte mostró cautela y aseguró que no acusaran a los ejecutivos señalados respetando su presunción de inocencia, como lo manifestó el subsecretario del Medio Ambiente, Felipe Riesco.

"Lamentamos la situación que se ha presentado en Quintero y Puchuncaví y en otras localidades del país, pero respecto al proceso que lleva adelante la Fiscalía tenemos que ser muy serios y decir que todos esas personas que están enfrentando este proceso judicial gozan de la garantía de un debido proceso además de la presunción de inocencia", dijo Riesco.

"Nosotros por lo tanto no vamos a condenar a nadie, vamos a dejar que la Fiscalía haga su trabajo y que sean los tribunales de justicia los que determinen las responsabilidades", expresó.

Hasta el momento se ha tomado declaración a 140 personas y además se pedirán los informes que la Superintendencia pidió a la Universidad Católica y que aún se mantienen en reserva.