Ministro de Justicia desestimó reponer bono reparatorio a víctimas de la dictadura

Ante la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, descartó reponer el bono reparatorio para los sobrevivientes de la tortura y la prisión política, así como también conformar una comisión permanente de calificación.

Larraín, quien estuvo acompañado por la subsecretaria de DD.HH., Lorena Recabarren, realizó una exposición general de la situación de los Derechos Humanos en Chile, con el trabajo que se realiza con las causas judiciales y el apoyo social que se otorga a víctimas y familiares, informó la Cámara Baja en un comunicado. 

En este plano, el ministro señaló que existe reconocimiento internacional a la labor del Estado de Chile desde 1990 a la fecha, en reparación y avances legislativos.

Respecto de las pensiones, Larraín indicó que se han destinado más de 6.123 mil millones de dólares y 2 mil millones adicionales. Agregó que de 1.800 personas con derecho a pensión que no la recibían, se redujo el número a 425. Sin embargo, no se refirió a un nuevo aporte reparatorio para los presos políticos.

En cuanto a la comisión permanente calificadora, dijo que no ha sido posible y es complejo implementarla.

Víctimas rechazan respuesta de Larraín

La respuesta del ministro de Justicia fue rechazada por los representantes de la mesa de víctimas de tortura y prisión política en dictadura.

La ex presa política Haydeé Oberreuter recordó que, en 2018, Larraín fue interpelado por haber retirado un bono reparatorio que había comprometido el mandato anterior.

"Más allá de que el ministro se desdiga hoy, fue retirado con el compromiso de ser mejorado. Lo que hoy encontramos es que el ministro concluye por terminar de desdecirse de todo lo que ofertó con motivo de esa interpelación, entre otras, una Comisión Calificadora Permanente", acotó.

Por su parte, Nelson Aramburu, dirigente de la Coordinadora Nacional de Ex Presos Políticos de Chile, criticó que el ministro asuma compromisos reparatorios, mientras que su cartera acabe sacando del Plan Nacional de Derechos Humanos todos los elementos de reparación a los sobrevivientes de prisión política y tortura.

"Es decir, la ley establece que el Estado chileno tiene la obligación de reparar y el señor ministro, hoy día, eso lo convierte en un papel, en una lista de supermercado, sin ningún poder real", aseguró Aramburu. 

Los dirigentes señalaron que actualmente existen 22.700 personas que no tienen derecho a reconsideración de sus casos, por lo que se requiere una instancia de calificación permanente.

Parlamentarias exigen reponer bono reparatorio

"En septiembre de 1973, la Cruz Roja Internacional calculó -solo en los campos de concentración de Santiago- al menos 60 mil presos políticos. Por lo tanto, los 20 mil presos políticos que han sido calificados por la Valech I y II, son una ínfima proporción de lo que realmente sufrieron en este país la prisión política y la tortura", remarcó la diputada Carmen Hertz (PC).

La parlamentaria dijo que, en tal plano, se justifica la comisión permanente de calificación, "pues hay muchos factores por los cuales los presos no han concurrido a las comisiones anteriores a entregar sus testimonios".

En tanto, la diputada Claudia Mix (Comunes) lamentó el retiro del bono reparatorio que había sido aprobado por la Comisión de DDHH.

"Quienes estábamos ahí pudimos ver cómo, olímpicamente, el ministro nuevamente quitó la responsabilidad que tienen en este tema", resaltó la legisladora frenteamplista, estimando que, además, se violentó la democracia.

Mix informó además que el grupo parlamentario aprobó solicitar la presencia de un relator internacional de la ONU, el experto en DD.HH. Fabián Salvioli, para que haga un informe sobre la situación de derechos humanos, de verdad, de reparación y, por cierto, de la no repetición de este tipo de situaciones en nuestro país.

ONU pide un mecanismo de acreditación permanente

En la sesión expuso, además, la delegada del Alto Comisionado de DD.HH. de la ONU, Andrea Benavente, quien expresó que la reparación a las víctimas de Derechos Humanos debe ser adecuada, efectiva, rápida y proporcional al daño causado; con participación de la víctima y sin implicar solo una indemnización pecuniaria.

Benavente agregó que un mecanismo de acreditación permanente contribuiría a una mejor información de quienes son las víctimas, ya que existe una brecha con las comisiones Valech 1 y 2, que no abarca el universo total de los afectados, por la duración del plazo que existió para dar testimonio sobre prisión, tortura y violencia sexual, entre otras vulneraciones.

Además muchos testimonios no fueron reconocidos por la instancia, apuntó la delegada.