Uruguayos votan en presidenciales con miras a un posible balotaje
Daniel Martínez, del Frente Amplio, y Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional, podrían enfrentarse en segunda vuelta.
El electorado también podrá decidir apoyar el plebiscito sobre "Vivir sin miedo", una propuesta de seguridad pública.
Los de este domingo son de los comicios más igualados de los últimos años en Uruguay.
Este domingo, unos 2,7 millones de uruguayos eligen la composición del Parlamento y al presidente de la República para el período 2020-2025, en 7.122 centros de votación.
Según la Corte Electoral, las mesas se encuentran abiertas desde las 08:00 de la mañana (mismo horario de Chile) hasta las 19:30, y se espera que "antes de la medianoche" esté escrutado más del 90 por ciento de los sufragios.
El voto es obligatorio en Uruguay y sólo se puede ejercer en su territorio, es decir, no están habilitados ni el sufragio por correo ni el consular.
Uruguay vive las elecciones más igualadas de los últimos años, hasta el punto de que es casi seguro que no haya mayorías absolutas en el Parlamento, para el que este domingo se elige a 99 diputados y 30 senadores.
Asimismo, se espera la celebración de una segunda vuelta presidencial el próximo 24 de noviembre, instancia en la que tendrían más opciones de llegar los candidatos Daniel Martínez, del Frente Amplio (FA, de izquierda), coalición que gobierna Uruguay desde 2005, y Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional (PN, de centroderecha).
A bastante distancia de ambos en las encuestas aparecen Ernesto Talvi, del Partido Colorado (PC, de centroderecha), y el ex militar Guido Manini Ríos, de Cabildo Abierto (derecha).
Reforma constitucional
En los centros de votación, los ciudadanos también encontrarán papeletas con el "Sí" para quienes decidan apoyar el plebiscito sobre la propuesta de reforma constitucional llamada "Vivir sin miedo", impulsada por el senador del Partido Nacional Jorge Larrañaga.
Dicha reforma promueve la regulación del "allanamiento nocturno por orden judicial", el cumplimiento de penas "en su totalidad", la "reclusión permanente" y revisable tras 30 años de cárcel y la creación de "una Guardia Nacional con atribuciones y cometidos de seguridad pública", como reza la papeleta.