Fiscalía procesará a 14 carabineros por torturas en Ñuñoa y La Florida

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Autor: Cooperativa.cl

El persecutor Manuel Guerra adelantó que pedirá prisión preventiva para los uniformados.

El jefe de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Manuel Guerra, anunció que 14 funcionarios de Carabineros serán formalizados por delito de torturas en contra de manifestantes en el marco de las protestas derivadas de la crisis social.

El persecutor además sostuvo que solicitará prisión preventiva para los uniformados involucrados en estos casos registrados en Ñuñoa y en La Florida durante el estado de emergencia.

"Hemos tomado la decisión de formalizar dos casos distintos por delitos de tortura cometidos por funcionarios públicos, en este caso, por funcionarios de Carabineros", dijo Guerra.

"Ambos hechos ocurren el día 21 de octubre, a eso de las 21:00 horas, uno en la Plaza Ñuñoa, el cual tomamos conocimiento de hecho por imágenes de televisión donde se puede observar como un grupo de funcionarios de fuerzas especiales de Carabineros agreden luego de detener a una persona que se estaba manifestando en dicho luchar y le propinan una serie de golpes los cuales le originan lesiones de carácter graves", dijo el persecutor.

La lesiones que sufrió la persona fueron "trauma ocular grave, fractura nasal, fracturas costales", por lo que "12 funcionarios de Carabineros integrantes de las fuerzas especiales van a ser formalizados por el delito de torturas". 

De acuerdo al relato del persecutor, el otro caso corresponde a "un menor de edad de 16 años que había sido detenido por infracción al toque de queda que fue brutalmente golpeado de forma reiterada por dos funcionarios de Carabineros que se encuentran identificados y que pertenecen a la dotación de la 61ª Comisaría La Florida".

"Estos hechos a nuestro juicio también constituyen torturas, si bien las lesiones no son de la entidad de la gravedad de lo que ocurrió en Ñuñoa no dejan de ser importantes", añadió el fiscal Guerra.

Compromiso del Ministerio Público con los derechos humanos

Ante esto, el persecutor jefe de la zona oriente metropolitana cuestionó estos excesos y planteó el compromiso del Ministerio Público con la protección de los derechos humanos.

Guerra remarcó que "queremos con esto reafirmar nuestro compromiso por investigar todo tipo de delitos, particularmente aquellos que cometen agentes del Estado haciendo uso de violencia institucional en contra de ciudadanos".

"No es justificación que estos ciudadanos puedan haber cometido una infracción para cometer este tipo de excesos que como institución condenamos y que como institución además reafirmamos nuestro compromiso con la protección de los derechos humanos", concluyó.

Por el primer delito los funcionarios policiales arriesgan penas que van entre los 5 y los 10 años de prisión, mientras que en el caso del menor de edad, las condenas comienzan desde los 7 años de presidio.