El fiscal nacional, Jorge Abbott, espera que en la agenda antiabuso anunciada por el Presidente Sebastián Piñera se incluya, mediante indicación durante su tramitación, la facultad para el Ministerio Público de persecución penal para delitos tributarios.

Esto porque, hasta ahora, la Fiscalía requiere que el Servicio de Impuestos Internos, la Fiscalía Nacional Económica o el Servicio Electoral ejerzan dicha acción, lo que ha provocado, por ejemplo, que una serie de casos de financiamiento irregular de la política no tuvieran mayores avances. 

"Durante el transcurso de la tramitación de la ley esperamos que se puedan acoger algunas de nuestras demandas que históricamente hemos formulado, como por ejemplo, que el Ministerio Público tenga la posibilidad de ejercer la acción penal, particularmente en materia de delitos de colusión, delitos tributarios, también los delitos electorales", explicó Abbott.

"Actualmente nosotros dependemos del ejercicio de la acción penal por parte del Servicio de Impuestos Internos, la Fiscalía Nacional Económica o el Servicio Electoral. Han pasado más de tres años desde que se creó el delito de colusión y hasta el momento no hemos tenido denuncia por el delito de colusión que puede haber llegado al Ministerio Público", detalló el fiscal nacional. 

El abogado de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile (Conadecus), Mario Bravo, - que litigó en la colusión del confort y de los supermercados- también quedó con gusto a poco. 

"No se establece una acción pública para perseguir los atentados a la libre competencia de suerte que cualquier persona pueda denunciar los atentados a la libre competencia y, segundo, que no se haya velado por generar la verdadera autonomía del fiscal nacional económico respecto del Poder Ejecutivo, respecto a los consumidores no hay nada nuevo", sostuvo Bravo.

"Siguiendo el ejemplo de otros países"

Por su parte, el ministro de Economía, Lucas Palacios, destacó que la agenda antiabusos chilena está siguiendo las experiencias de otros países en la materia. 

"Nosotros estamos siguiendo el ejemplo de países como Estados Unidos, países europeos, países que se han visto enfrentados a una situación en que tienen que modernizar su legislación para poder mantener los mercados competitivos y, por lo tanto contener todas aquellas acciones que atentan contra el mercado, como son las colusiones, el uso de información privilegiada, etc.", explicó Palacios.

En tanto, los empresarios ven con buenos ojos esta agenda, ya que como afirmó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Manuel Melero, "la legislación y la institucionalidad encargada de evitar estos abusos no era suficiente, ahora el Gobierno ha venido a reforzar la Fiscalía Nacional Económica, todo lo cual es bien visto y apoyado por nuestro gremio".

La pena de cárcel para la colusión ya existe desde 2016, pero el anuncio presidencial sube el rango de la pena desde tres a 10 años a uno que va entre cinco y 10 años. El proyecto además considera una pena para los delitos tributarios y el uso de información privilegiada.