Formalizan a veintena de involucrados en presunta red de corrupción del Minvu
Trabajadores del Departamento de Informática habrían asegurado adjudicaciones por servicios a empresas y otras carteras, según la Fiscalía.
Asimismo, la indagatoria señala que los familiares de funcionarios están relacionados al delito de lavado de activos.
Funcionarios, ex trabajadores, sus familiares y representantes legales de empresas son parte de los 21 formalizados este sábado.
Un total de 21 personas involucradas en la presunta red de corrupción al interior del Ministerio de Vivienda están siendo formalizadas en el Séptimo Juzgado de Garantía hoy sábado, por delitos de fraude al Fisco, cohecho y lavado de activos.
La Unidad de Análisis Financiero de la Fiscalía Centro Norte fue alertada hace un año de un presunto caso de cohecho al interior de la cartera, que fue informado ayer ante la detención de al menos 20 de estas personas.
El Ministerio Público plantea que los trabajadores del Departamento de Informática del Minvu favorecieron y aseguraron las adjudicaciones por servicios vinculados a esa área a algunas empresas y carteras como la de Educación, Obras Públicas y la Segpres.
Daniel Vidal, abogado de la Fiscalía, detalló que "entre los años 2014 y 2019 los funcionarios públicos, con infracción de los deberes de sus cargos, han recibido pagos y obtenido beneficios económicos por favorecer y/o asegurar la adjudicación de contratos, órdenes de compra y grandes compras de Minvu con al menos cuatro empresas, todas proveedoras del Estado".
Una de ellas sería la agencia en Chile de Emergya Ingeniería SL, "que se ha adjudicado contratos en procesos de contratación superior a mil UTM, proveniente de la modalidad grandes compras y contrataciones inferiores a mil UTM, provenientes de las modalidades convenio marco y trato directo", precisó el jurista.
Los acusados
Entre los imputados se encuentran funcionarios con cargos como jefes de proyecto y evaluadores técnicos de ofertas, al igual que civiles que no están vinculados al Minvu, que pueden ser representantes legales de las empresas que se adjudicaron las licitaciones, o bien, familiares de los funcionarios.
El fiscal Francisco Ledesma sostuvo en la investigación que este último grupo estaría vinculado al delito de lavado de activos.
El abogado Jaime Jansana, que defiende a uno de los ex funcionarios del Ministerio, fue escueto al comentar que "todavía no tengo una claridad en términos temporales (de los supuestos ilícitos), pues la formalización no ha concluido".
"La verdad es que ese es un elemento que tiene que investigar y determinar más allá de toda prueba razonable el Ministerio Público. A la defensa le cae el sembrar la duda razonable, pero no estamos en esa etapa procesal. Estamos simplemente en la formalización", remarcó.
Se prevé que durante esta jornada se determinen las medidas cautelares para la totalidad de los imputados.