Minvu: Contraloría no pudo acreditar prestación de servicios contratados a informáticas
Una auditoría de marzo de este año advirtió la situación con siete empresas, las cuales no forman parte de las mencionadas en la presunta red de corrupción.
El organismo fiscalizador observó gastos improcedentes por más de 500 millones de pesos entre 2014 y 2017.
Algunos de los gastos improcedentes observados está vinculados al desarrollo de la plataforma "Minvu Conecta".
Una auditoría realizada por la Contraloría General de la República al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) advirtió en marzo de este año que no pudo acreditar la prestación de servicios contratados a una serie de empresas externas y que había "observado" gastos improcedentes que superaban los 500 millones de pesos.
El informe 355 se enfocó en la revisión del Sistema Integrado de Subsidios y en los contratos informáticos relacionados con la gestión y desembolso de beneficios por parte de la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo entre el 1 de enero y el 21 de diciembre de 2017; así como eventuales incumplimientos en la habilitación de plataformas informáticas J Boss BPM de RedHat ese mismo año.
En ese marco, de acuerdo con El Mercurio, el documento determinó que no se pudo acreditar la existencia de software, instalación de licencias, soporte informático, entre otros servicios contratados a siete empresas.
Entre 2014 y 2017 "se realizaron pagos por servicios de provisión de licencias, soporte y contratación de horas hombre (...) a siete empresas proveedoras tecnológicas: NEA Consultores Asociados Limitada; Computación e Ingeniería S.A., RedHat Chile Limitada, Serfoven SpA, ST Computación S.A. y Softwareone Chile Spa, por un total de $961.830.343", detalla la Contraloría.
Sin embargo, ninguna de estas compañías corresponde a las mencionadas en las primeras formalizaciones del fin de semana por la presunta red de corrupción en la División Informática del Minvu, que tiene 21 imputados, cinco de ellos funcionarios de la cartera, por los delitos de fraude al Fisco, cohecho y lavado de activos.
Gastos improcedentes sobre 500 millones
En el caso de la empresa Softwareone, el informe precisa que en las compras realizadas a ella en 2016, por más de 83 millones de pesos, por licencias RedHat Mobile Apps B2C3 y B2E platform destinadas a "generar la aplicación denominada Minvu Conecta", la estaba disponible en el portal de la Subsecretaría y "correspondieron al desarrollo del aludido aplicativo. el que se encuentra en producción y d isponible en el portal de la subsecretaría para su uso por parte de los ciudadanos".
"Es del caso señalar que, a excepción de la implementación del referido aplicativo MINVU CONECTA, en las validaciones efectuadas por esta Institución de Control, no se acreditó la existencia de productos originados de las horas hombre contratadas, a saber, informes, software, entre otros, instalación de las licencias antes mencionadas, ni soporte de la Suite Red Hat JBoss BPM, conforme al alcance del proyecto definido originalmente, a consecuencia de lo cual, tales desembolsos constituyen gastos improcedentes", agrega el informe de Contraloría.
En tanto, apunta que los egresos asociados a las empresas NEA Consultores, Computación e Ingeniería y RedHat Chile, por $342.825.037, "no se materializaron en una contraprestación consistente en el desarrollo de los aplicativos y licencias RedHat".
Así todo, la Contraloría observó gastos improcedentes por $533 millones y fracción, cifra que incluso pudo ser mayor porque, según la auditoría, no es posible perseguir responsabilidades funcionarias o civiles por los $342 millones mencionados, "dado que ambas se encuentran prescritas a la fecha".
Ante la eventual comisión de delitos, el organismo remitió el informe en su momento al fiscal nacional, Jorge Abbott, e incluso puso a disposición del Ministerio Público un equipo de profesionales para prestar asistencia técnica.
Según el matutino, algunas de las conclusiones de la auditoría coinciden con el reporte de operaciones sospechosas elaborado en 2018 por la Unidad de Análisis Financiero, dependiente del Ministerio de Hacienda y que dio inicio a la investigación penal encabezada por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte por la presunta red de corrupción en la División Informática del Minvu.