"Vergüenza nacional": Greenpeace condenó decisión del Senado de no blindar el agua como bien público
La iniciativa requería la aprobación de dos tercios de la Cámara Alta para continuar su tramitación.
El centro del proyecto era regular legalmente el tratamiento de los recursos hídricos.
La organización ecologista Greenpeace calificó de "vergüenza nacional" que el Senado no aprobara blindar el agua como un bien nacional de uso público en la Constitución.
"Es una vergüenza nacional que el Senado, en medio de la peor crisis hídrica de nuestra historia, rechace que el agua sea para el consumo humano de toda la población chilena", lamentó la organización ambientalista en un comunicado ayer miércoles.
Aunque se registraron 24 votos a favor y 12 en contra, se requerían dos tercios de la Cámara Alta -29 votos positivos- para aprobar la reforma a la Ley Fundamental sobre "dominio y uso de aguas".
La iniciativa, que se encontraba desde 2008 en el Congreso, fue defendida por senadores de la oposición y buscaba consagrar en la Constitución lo que denominaron como un "derecho humano fundamental".
Así, los parlamentarios que se mostraron a favor del proyecto argumentaron que los que tienen derechos sobre el agua han actuado "con fines economicistas" y "especuladores".
Por su parte, los senadores oficialistas aseguraron que el consumo humano "está garantizado" y que "no hay razones" para legislar en este sentido porque el país tiene delante un debate constitucional.
La actual Carta Magna fue aprobada en 1980 bajo la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y el próximo 26 de abril los chilenos están convocados a decidir en un plebiscito si optan por un nuevo texto constitucional.
Tanto la Ley Fundamental como el Código de Aguas de 1981 otorgaron a particulares derechos de aprovechamiento del agua gratuitos y a perpetuidad y les dejaron libertad para usar el agua como quisieran o vender esos derechos a precio de mercado.
Casi cuatro décadas después, se calcula que el 80 por ciento de los recursos hídricos del país están en manos privadas, principalmente de grandes empresas agrícolas, mineras y de energía.
El director de Greenpeace en Chile, Matías Asun, afirmó que "hoy existe mayor protección al derecho de aprovechamiento de aguas y su carácter de propiedad privada que la obligación de priorizar sus uso de acuerdo a lo que consideramos más relevantes: acceso humano y ecosistémico".
Para la organización ambientalista, la negativa del Senado da cuenta de "la necesidad de contar con una nueva Constitución que permita que estos proyectos avancen".
Chile enfrenta la peor sequía de su historia, con 119 comunas entre las regiones de Atacama y el Maule en situación de emergencia agrícola y las regiones de Coquimbo y Valparaíso en situación de catástrofe por escasez hídrica.