Propuesta de remoción de funcionarios está vinculada a corrupción de ex juez Vásquez
El sumario realizado por el presidente de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Pedro Caro, propuso la destitución de dos trabajadores de juzgados de Garantía.
Una tercera funcionaria investigada administrativamente fue absuelta por la prescripción de los hechos.
El ex ministro Marcelo Vásquez fue destituido el año pasado por corrupción y actualmente enfrente una investigación penal.
La propuesta de abrir cuadernos de remoción contra dos funcionarios de la Corte de Apelaciones concluida tras el sumario realizado por el presidente del tribunal de alzada, Pedro Caro, está vinculada con los casos de corrupción que terminaron el año pasado con la destitución de los entonces jueces Emilio Elgueta y Marcelo Vásquez.
En específico, se relaciona con la investigación que lleva la Fiscalía Metropolitana Sur contra el ex juez Vásquez, quien fue formalizado el pasado 15 de noviembre por los delitos de tráfico de influencias, incremento patrimonial injustificado, negociación incompatible y fraude procesal.
Así lo confirmó Caro, quien explicó que "en el marco de la investigación penal que el Ministerio Público lleva respecto del ministro Vásquez y del ministro Elgueta, surgen estos nuevos antecedentes, pero efectivamente esta investigación está vinculada con la eventual participación del ministro Vásquez y de otros funcionarios en hechos que se están investigando penalmente, y que administrativamente ya se determinó, de acuerdo con este fiscal instructor, que ameritaban sanciones disciplinarias".
Según la Fiscalía, Vásquez presuntamente está involucrado en una maquinación fraudulenta para tratar de impedir el remate de una propiedad de Carlos Alarcón, uno de los suspendidos por este caso.
El sumario del presidente de la Corte de Apelaciones determinó las mayores sanciones administrativas: la suspensión por cuatro meses con goce de medio sueldo y la solicitud de un cuaderno de remoción: esta última propuesta deberá ser analizada por el pleno del tribunal de alzada.
Los dos funcionarios judiciales sindicados cumplían funciones en el Juzgado de Garantía de Rancagua y de Peumo. En tanto, una funcionaria fue absuelta por la prescripción de los hechos que le indagaban.