La ONU advierte que la lucha antidrogas no puede vulnerar derechos humanos
Organismo pidió a los países en los que sigue existiendo la pena de muerte para estos delitos que "estudien la posibilidad de abolirla".
La ONU advirtió en un informe sobre la situación del cultivo, tráfico y consumo de estupefacientes, que la lucha contra la droga no puede realizarse nunca a costa del respeto a los derechos humanos.
"La lucha contra el tráfico de drogas nunca puede justificar violaciones de los derechos humanos ni excusar acciones extrajudiciales", señala la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) en su análisis de la situación mundial del año 2019.
Ese organismo independiente del sistema de la ONU insiste en que "los derechos humanos son inalienables e irrenunciables" y advierte de que "ha observado con profunda preocupación las continuas denuncias de violaciones graves de los derechos humanos presuntamente cometidas" al ejecutar políticas contra la droga.
La JIFE recuerda que los actuales tratados internacionales brindan a los Estados medidas alternativas a la cárcel, entre las que menciona "la educación, la rehabilitación o la reintegración social".
De hecho, llega a decir que si un Estado adopta medidas contra las drogas que vulneran los derechos humanos, ese país también viola los tratados internacionales de fiscalización de drogas.
La JIFE llama a "que se dejen de adoptar medidas extrajudiciales contra los delitos relacionados con drogas" y pide a los países en los que sigue existiendo la pena de muerte para estos delitos que "estudien la posibilidad de abolirla".
Informe contra las desapariciones
Se refiere, por ejemplo, a las críticas formuladas por la ONU a Filipinas por la campaña emprendida contra el tráfico y el consumo de drogas, y recuerda que se ha pedido a ese país tomar todas las medidas "para impedir las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas".
También menciona la decisión de Sri Lanka de volver a aplicar la pena capital a los delitos relacionados con las drogas, acabando así con una moratoria vigente desde 1976.
"La Junta se ve obligada a recordar a todos los Estados partes en los tratados de fiscalización internacional de drogas que el propósito principal de estos instrumentos es proteger la salud y el bienestar de la humanidad, y que el objetivo de proteger el bienestar de la humanidad debe entenderse de manera que incluya el respeto de los derechos humanos", sentencia el informe.