Tricel destituyó al alcalde de El Tabo por irregularidades en extracción de áridos de privados
Un informe de Contraloría constató que Emilio Jorquera no dispuso medidas para fiscalizar la actividad ni el traslado del material extraído.
El jefe comunal tampoco actuó para impedir esos trabajos pese a que se realizaban en una zona no permitida según el plano regulador.
Emilio Jorquera no podrá ejercer cargos públicos en cinco años.
El Tribunal Calificador de Elecciones resolvió esta semana destituir al alcalde de El Tabo, Emilio Jorquera (PPD), luego de que un informe de Contraloría detectara irregularidades en la extracción de áridos por parte de privados en una zona no permitida.
La investigación de Contraloría, que data de enero de 2018, constató falta de fiscalización municipal a la extracción y traslado del material realiza por una empresa privada.
En el informe concluye que "la Municipalidad no efectuó acciones de fiscalización respecto del cumplimiento de disposiciones legales y reglamentarias sobre la protección del medioambiente, en relación con extracciones de áridos desarrolladas en el sector La Gota de Leche e intervención del estero El Canelo, ni informó a la Superintendencia del Medio Ambiente sobre la denuncia recibida en julio de 2017".
Aquella inacción contravino la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente.
El municipio tampoco "ejerció sus potestades fiscalizadoras en pos de evitar que desarrollara actividad de extracción de áridos" en una propiedad privada, emplazada en una zona no permitida por el Plano Regulador Comunal.
🔴Además, el destituido alcalde de @Muni_ElTabo, quedará impedido de ejercer cargos públicos, por un periodo de 5 años.
— Contraloría (@Contraloriacl) February 28, 2020
Conoce más acá 👉 https://t.co/1QhtemPDbb pic.twitter.com/atYxSZzdB6
La auditoría realizada por la Contraloría fue enviada por los denunciantes del alcalde al Tricel para iniciar su remoción, la cual se concretó.
Una vez notificado Jorquera de su remoción, quedará inhabilitado para ejercer cargos públicos por un período de cinco años.