Fiscalía abrió investigación penal contra Seremi de Salud de La Araucanía
Esto tras la denuncia de un trabajador de la prensa y luego que la autoridad diera positivo por Covid-19.
La indagatoria quedó a cargo del fiscal jefe de Villarrica, Carlos Hoffmann.
La Fiscalía de La Araucanía abrió una investigación penal contra la secretaria regional ministerial de Salud de La Araucanía, Katia Guzmán, por supuestamente cometer un delito contra la salud pública y tras la denuncia de un trabajador de la prensa.
"El Ministerio Público ha iniciado investigación por el delito previsto en el artículo 318 del Código Penal en virtud de un denuncia interpuesta por un trabajador de medios de comunicación. En este delito, según la denuncia le cabría participación y responsabilidad a la Seremi de Salud de La Araucanía, señora Katia Guzmán", explicó el vocero de la fiscalía regional de La Araucanía, Roberto Garrido.
La seremi Guzmán, que resultó positiva por Covid-19, sostuvo diversas reuniones con personal del Gobierno Regional y distintos puntos de prensa, por lo que al menos 12 autoridades se encuentran ahora en cuarentena preventiva, incluido el intendente, al igual que los equipos de prensa.
La investigación se inició por el delito del Art. 318 del Código Penal en virtud de un denuncia interpuesta por un trabajador de medios de comunicación
— Fiscalía Araucanía (@FISCALIA_IX) March 22, 2020
A cargo de la indagatoria quedó el fiscal jefe de Villarrica, Carlos Hoffmann, quien ya investigaba la causa contra a un paciente contagiado con el Covid-19 que viajó en avión desde Santiago a Temuco.
El fiscal Garrido explicó que asimismo "se ha solicitado a la Policía de Investigaciones la formación de un equipo especial para la investigación de este caso y otros que estaban a cargo del fiscal Carlos Hoffmann, por el mismo ilícito" y recordó que el artículo 318 del Código Penal sanciona "al que pusiere en peligro la salud pública por infracción de las reglas higiénicas o de salubridad".
"De ahí entonces que sea tan relevante el cumplimiento de las disposiciones de salud que imparte la autoridad, no sólo para la protección de la salud de cada uno y de la sociedad, sino que también porque la infracción de este tipo de normas puede generar responsabilidades penales que están castigadas con multas que pueden llegar a las 20 UTM y además con penas privativas de libertad que pueden extenderse a los 540 días en su máximo", añadió el persecutor.