Este lunes entró en vigencia la Ley de Protección del Empleo

Este lunes se publicó en el Diario Oficial, por lo que ya entró en vigencia, la Ley de Protección del Empleo que busca cuidar los ingresos y la relación laboral de los trabajadores en situaciones como las actuales, en que la pandemia del Covid-19 le impide prestar sus servicios.

Esta norma, que se enmarca dentro del plan de emergencia presentado por el Gobierno, da la posibilidad de acceder a una suspensión temporal de los contratos, pero manteniendo las cotizaciones, las que deberán ser pagadas por el empleador, mientras que el trabajador podrá acceder al pago de su remuneración con cargo a su seguro de cesantía.

Sobre aquellos trabajadores que no tengan fondos en su seguro de cesantía, el subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, explicó que "a través del Fisco estamos inyectando dos mil millones de dólares al fondo de cesantía solidario, para que aquellos trabajadores que han ocupado parte de sus fondos de cesantía puedan tener acceso a esta ley a través de esta inyección que hace el Estado".

Esta ley comenzará a regir de forma retroactiva, es decir, los despidos que se notificaron a contar del 18 de marzo pueden ser dejados sin efecto, siempre y cuando sea de común acuerdo entre trabajador y empleador y el finiquito laboral no esté firmado.

Respecto a la manera en que se pagará este fondo, el subsecretario Arab detalló que "el fondo de cesantía dura durante seis meses y es progresivo, el primer mes se cobra un 70 por ciento del ingreso de la persona, el segundo mes un 55, y así va bajando hasta el sexto mes, que es un 30 por ciento".

La autoridad remarcó que también "hicimos una excepción respecto a aquellas personas de menores ingresos. Aquellos que ganan 500 mil pesos o menos, sus cobros durante los primeros meses son mayores a lo que es tradicionalmente, por ejemplo, una persona que hoy día recibe el ingreso mínimo, durante los tres primeros meses va a cobrar el 70 por ciento de su ingreso".

La normativa además establece que no se podrá despedir sin derecho a indemnización argumentando que el coronavirus es una causal de fuerza mayor.