Gobierno analiza indulto en 6 casos de condenados por crímenes de lesa humanidad
La evaluación de las solicitudes ya está en su etapa final y el Ejecutivo espera tener el informe "lo antes posible", precisó el ministro Hernán Larraín.
Desde la UDI y RN piden un gesto, en tanto el Gobierno busca aunar los respaldos necesarios en el oficialismo para su proyecto de indultos conmutativos.
Mientras busca que el Congreso apruebe el veto aditivo para corregir al proyecto de indultos conmutativos ante la crisis por Covid-19, el Gobierno reconoció que analiza un posible indulto presidencial en seis casos de condenados por crímenes de lesa humanidad.
Este punto ha cobrado relevancia para parlamentarios de la UDI y RN, que la semana pasada le quitaron los votos a la iniciativa del Ejecutivo con que busca otorgar arresto domiciliario a grupos de riesgo ante el coronavirus y que hayan sido condenados por delitos menores: si bien fue despachada, lo hizo sin el artículo que permite sancionar el incumplimiento de ese beneficio, por votos en contra del oficialismo en señal de rechazo a que el proyecto excluya a condenados por violaciones a los Derechos Humanos.
Ante eso, el Gobierno ingresó un veto aditivo para reponer ese artículo, incluyendo además que tampoco puedan acceder al beneficio aquellos condenados por violencia intrafamiliares y por delitos relaciones a la ley de armas y tráfico de drogas.
No obstante, como una señal hacia su sector, La Moneda también reflotó y le dio urgencia al proyecto de ley de "indulto humanitario", presentado a fines de 2018, con el que reos mayores de 75 años podrían acceder -solicitud ante los Tribunales de Justicia mediante- a arresto domiciliario total, sin distinción del crimen cometido.
Este "gesto" buscaba aplacar la molestia en Chile Vamos, desde donde incluso un grupo de senadores presentó un requerimiento ante el Tribunal Constitucional contra el proyecto de indultos conmutativos, acusando "discriminación arbitraria" y que va contra "el principio de igualdad ante la ley". El texto fue acogida a trámite ayer martes.
Pero no es suficiente para la UDI y RN: según El Mercurio, consideran que la iniciativa de "indulto humanitario" no cuenta con piso político en el Congreso, por lo que en las conversaciones que mantienen con el Gobierno para aunar los apoyos necesarios para el veto aditivo del otro proyecto, piden que el Ejecutivo conceda indultos presidenciales particulares a reos de Punta Peuco que sean adultos mayores y tengan enfermedades avanzadas.
En ese marco, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, detalló que hay 26 solicitudes de indultos presidenciales: 17 de condenados por delitos comunes y nueve por violaciones a los derechos humanos.
"En ese ámbito, nosotros estamos trabajando con los que están ya con su informe final, analizando y estudiando su situación, y estos son 14: de ellos ocho corresponden a personas condenadas por delitos comunes y seis a personas condenadas por delitos de lesa humanidad; estos casos se analizan de forma individual y separada, se piden más antecedentes si es necesario y esperamos tener todo ello lo antes posible para la resolución del Presidente", detalló.
Los nombres prioritarios para el oficialismo
En los diálogos con representantes de Chile Vamos, en cuyo marco los diputados más cercanos al ministro -los UDI Javier Macaya y María José Hoffmann- realizan gestiones para conseguir los apoyos necesarios para el mencionado veto, el oficialismo también ha mencionado algunos nombres que consideran prioritarios para un indulto presidencial, de acuerdo con el matutino.
Entre ellos está el del general en retiro Héctor Orozco, condenado a 10 años y un día de presidio en 2017 por dos homicidios calificados ocurridos en diciembre de 1973; según su entorno, hoy tiene 92 años y sufre un alzhéimer avanzado.
Los otros son el ex carabinero Alfonso Silva, condenado en 2017 a 15 años y un día de presidio por su responsabilidad en homicidios ocurridos en septiembre de 1973 en la Región Metropolitana, hoy de 78 años y con un cáncer terminal a la próstata, cardiopatía, diabetes e hipertensión; y el ex agente de la DINA Demóstenes Cárdenas, quien desde 2010 cumple a 10 años de presidio por secuestro y homicidio calificado, con cargos por participación en Operación Colombo, entre otros crímenes, y el que Asus 65 años padece cáncer terminal al páncreas, según el abogado Raúl Meza.
Se espera que este miércoles la Sala del Senado vote el veto aditivo.