Municipio de San Felipe "apelará" a fallo de Contraloría que invalida contrato con empresa de luminarias
El ente regulador regional ordenó dejar sin efecto un contrato en el que el municipio debía pagar más de 1.500 millones a Citelum.
La Municipalidad recurrirá a la decisión de la Contraloría.
La Municipalidad de San Felipe anunció que "apelará" a un dictamen de la Contraloría regional de Valparaíso en el que invalidó un contrato de luminarias públicas con la empresa Citelum por más de 1.500 millones de pesos.
El municipio emitió una declaración pública tras el dictamen del ente contralor señalando que esta situación nació de "un contrato de mantención de recambio de luminarias celebrado el año 2012, el que debido a su excesivo precio fue modificado y rebajado en un 30 por ciento por la actual administración".
"El referido contrato manifestó problemas en su correcto cumplimiento, porque dicho recambio debía acreditar el ahorro energético que significaba el cambio a tecnología led, acreditado el 2017 y parte del 2018, por ende, el municipio se abstuvo de efectuar todo tipo de pago, el que debía realizarse desde el año 2012", añade la declaración.
A raíz de esto se produjo una deuda de arrastre y, por tanto, al tratarse de un trabajo ya realizado por la empresa, la Municipalidad "debía obligatoriamente pagar, en razón a esto, y para dar correcto término, se realizó un contrato de transacción con la empresa para regularizarlo, lo que en definitiva fue votado por el Concejo Municipal".
El mencionado contrato invalidado ascendía a 1.532 millones de pesos, que debían pagarse mediante 72 cuotas mensuales, iguales y sucesivas de poco más de 21 millones de pesos.
"Esta gestión evalúa la presentación de un recurso de reconsideración ante esta instancia o un recurso jerárquico ante la Contraloría General de la República", recalca el municipio.
A su vez, el abogado de la municipalidad, Mauricio Mass, descartó la comisión de delitos en este caso, que deriva de una licitación efectuada en la administración anterior.
"Sus bases administrativas generales y específicas adolecían de una serie de errores, como el hecho de no contener multas respecto de los atrasos en el cumplimiento del contrato", explicó.
De acuerdo al jurista, estas deficiencias impidieron que el municipio pudiera "pedir el cumplimiento forzado del contrato, y es una problemática netamente civil, que tiene su origen en bases mal redactadas y contratos mal diseñados, pero no tiene nada que ver con un tema delictual ni un problema de licitación".
El fallo de la Contraloría
De acuerdo al dictamen de Contraloría, el mencionado monto "fue aprobado por el Concejo Municipal. Sin embargo, se reveló que su aprobación no contó con el quórum de dos tercios exigidos en la Orgánica Constitucional de Municipalidades, por tratarse de un contrato cuyos montos a pagar exceden el período alcaldicio. La votación fue aprobada con 4 a favor y 3 en contra, pero según la ley, debía ser 5 a 2".
La ley indica que los convenios y contratos que involucren montos iguales o superiores al equivalente a 500 UTM (unos 25 millones de pesos) requerirán el acuerdo de la mayoría absoluta del Concejo. No obstante, aquellos que comprometan al municipio por un plazo que exceda el período alcaldicio, requerirán el acuerdo de los dos tercios.
De acuerdo al fallo de Contraloría, se estableció que de los antecedentes tenidos a la vista, consta que "no se reunió el quórum de dos tercios exigido por la ley", de tal forma que "no se ajustó a derecho la decisión de dar por aprobada la propuesta de la autoridad comunal y proceder a la celebración de dicho contrato de transacción", acuerdo que fue promulgado mediante el decreto alcaldicio N° 3.602, de 22 de junio de 2018.
Debido a esto, la Municipalidad de San Felipe deberá iniciar un procedimiento de invalidación, informando documentadamente de la decisión adoptada a esta Contraloría Regional dentro del plazo de 30 días, desde la recepción del pronunciamiento.