Dirigentes de la comuna de Cisnes denunciaron que están siendo investigados en el marco de la "ley antibarricadas" (ley 21.208), esto tras manifestarse para exigir mayores medidas de resguardo frente a la pandemia.

La manifestación ocurrió el pasado 7 de abril, cuando un grupo no superior a las 10 personas impidió el tránsito por el puente que da acceso a Puerto Cisnes, utilizando para ello una camioneta y un cordel.

"Cuando nos manifestamos hace un mes, pediamos que la intendenta tome las medidas para cerrar la región para mayores resguardos de nuestra gente, para que no ingresaran los casos de covid de afuera. No tuvimos respuesta, pero la única respuesta que tenemos es que la policía nos viene a buscar para decirnos que estamos siendo investigados por la ley antisaqueos, antibarricadas", indicó el dirigente de Puerto Cisnes, Francisco Abarca.

Esta no fue la única manifestación que ocurrió durante abril. En distintos puntos como Balmaceda, Ibáñez, Tortel, La Junta y Coyhaique, vecinos se manifestaron solicitando el cierre de la región de Aysén.

"Le enviamos una carta a la intendenta ¿Esta es la única respuesta a las comunidades? ¿Por qué no trabajan con nosotros?" cuestionó el dirigente social Francisco Abarca, quien agregó que "uno de los diputados de la región de Aysén lideró promulgar esta ley y cuando nosotros lo criticábamos porque esto iba a ser utilizado contra nosotros, aquí está la prueba".

El dirigente se refiere a la postura mostrada por el diputado Miguel Angel Calisto (DC), que, en el marco del estallido social, defendió la aprobación del marco normativo que creó estas figuras penales, aunque en sus redes sociales apoyó las manifestaciones realizadas por pobladores de la región.

Consultado respecto a la interpelación realizada por los dirigentes de Cisnes, el parlamentario declinó referirse al tema.

Otros casos similares en Puerto Chacabuco

Otra de las localidades de la región que se ha mantenido activa, exigiendo medidas restrictivas para evitar la masiva propagación del Covid-19 en Aysén, es la de Puerto Chacabuco, que de igual manera denunció una persecución policial tras las manifestaciones.

Camila Salas, vocera de la comunidad organizada de Chacabuco, sostuvo que "es inaceptable que se criminalice a nuestros dirigentes y voceros, a través de una persecución, llamándolos a dar declaraciones respecto de los cortes que se han realizado"

En los últimos días, según aseguran en la agrupación, funcionarios policiales se han acercado a dos vecinos de la localidad solicitando que asistan a declarar por las tomas de camino realizadas durante abril.

A raíz de las denuncias ralizadas por las agrupaciones, la intendenta regional, Geoconda Navarrete, indico que "hoy día y desde hace meses estamos en un estado de excepción que dicta a los ciudadanos la forma cómo debemos comportarnos en una democracia y prohibe ciertos actos que estan reñidos con este estado de excepción constitucional".

"Desconozco qué proceso legal se está llevando adelante, pero si se sienten afectados pueden consultar a la propia Fiscalía", aseguró la primera autoridad regional.

Consultada la Fiscalía Regional de Aysén a raíz de lo planteado por los dirigentes de Cisnes y Puerto Chacabuco, confirmaron que actualmente en la región se desarrollan distintas investigaciones por cortes de caminos penados por la denominada "ley antibarricadas" promulgada en enero de 2020.