S&P cree que el sector de aeropuertos no se recuperará hasta 2023
En la era post-covid, los aeropuertos enfrentarán una mayor exposición al riesgo derivado de menores volúmenes de tráfico.
La agencia de calificación calcula que en 2020 el volumen de pasajeros caerá entre un 50 y un 55 por ciento.
La agencia de calificación de riesgos Standard & Poors (S&P) cree que el volumen de pasajeros en los aeropuertos previo a la crisis del coronavirus no se recuperará hasta el año 2023 y calcula que en 2020 este indicador caerá entre un 50 y un 55 por ciento.
En una informe publicado este viernes, S&P Global Ratings explica que desde marzo de 2020 ha bajado las calificaciones de 11 aeropuertos y ha asignado perspectivas negativas o alertas sobre el riesgo de crédito a un total de 128 emisores y transacciones, al tiempo que avanza que en los próximos meses podría acordar rebajas adicionales.
Con sus nuevas previsiones, la agencia amplifica la magnitud de la crisis sobre sus estimaciones anteriores y avanza que el trafico de pasajeros seguirá por debajo de los niveles previos a la pandemia hasta 2023.
Consideran que la solidez financiera del sector se verá erosionada, previsiblemente, por la magnitud y duración del cierre actual de los aeropuertos, por la "anémica" recuperación, por la reestructuración de la capacidad y por los mayores riesgos de las aerolíneas.
Por ello, en la era post-covid los aeropuertos enfrentarán una mayor exposición al riesgo derivado de menores volúmenes de tráfico y la consiguiente presión sobre sus ingresos aeronáuticos que, en general, representan más del 50 % de los ingresos totales.
Más afectados todavía se podrían ver los ingresos minoristas (de tiendas y restaurantes sobre todo) cuya participación ha aumentado en los últimos años al 45 por ciento - 50 por ciento del conjunto de las ventas de la mayoría de los aeropuertos.
Alertan también de que la continua "quema" de efectivo y el servicio de intereses de la deuda obliga a muchos aeropuertos a buscar fórmulas para garantizar la liquidez.
S&P confía en que los proveedores de deuda estén dispuestos a renunciar a los "convenants" (requisitos exigidos para conceder la financiación) siempre que los incumplimientos se deriven sólo de los efectos de la covid-19 y no de una debilidad empresarial subyacente.