Detenido en fallida Operación Huracán se querelló contra el fiscal Sergio Moya

Uno de los detenidos en la fallida Operación Huracán se querelló en contra del fiscal Sergio Moya, uno de los persecutores que trabajó en el caso en la Región de La Araucanía.

Se trata de David Cid Aedo, quien fue imputado en una operación de tráfico de armas desde Argentina a Chile, conocida como Operación Andes, la que vinculaba a mapuche, lo que es absolutamente falso, dijo su abogada.

La querella es por obstrucción a la investigación y por las declaraciones que efectuó Moya y otros funcionarios del Ministerio Público y de la Unidad de Inteligencia Policial de Carabineros que involucraban a los detenidos, los cuales fueron objeto de implantación de mensajes falsos en sus teléfonos celulares.

Por estos hechos, la plana mayor de Carabineros de la Unidad de Inteligencia de Temuco fueron formalizados, incluido el general Gonzalo Blu, quien era el jefe nacional.

Karina Riquelme, abogada defensora de Cid Aedo, comentó que "se ha presentado querella con la finalidad de hacerse parte en las investigaciones en contra de otras personas que no son funcionarios de Carabineros por la implantación de pruebas que sufrió mi representado en de la Operación Huracán".

Agregó la abogada que "en particular la querella es en contra de Sergio Moya Domke sobre el conocimiento que éste tenía respecto de una supuesta organización internacional que planeaba ingresar armas desde Argentina a Chile, donde mi representado estaba siendo acusado como el principal líder de esta organización".

"Estas imputaciones resultaron ser falsas y necesitamos que se investigue a aquellos funcionarios que colaboraron o que estuvieron en conocimiento de los informes que se elaboraron en la Oficina de Inteligencia", agregó la abogada.

El fiscal del caso, Carlos Palma, desarrolla las investigaciones del bullado caso que tiene a 10 ex carabineros y al civil Alex Smith imputados, y cuyas audiencias de juicio oral están programadas que comiencen el 11 de agosto próximo en los tribunales de Temuco.

Los abogados querellantes y defensores de los comuneros mapuche están solicitando penas que superan los 25 años de cárcel para los imputados.