Detienen a sospechoso de vender medio millar de salvoconductos y permisos únicos colectivos en Antofagasta
Las autoridades estiman que las transacciones generaron ganancias por 11 millones de pesos.
El sujeto es acusado de ofrecer a través de aplicaciones como Didi, Uber, Cabify y Whatsapp la entrega de los papeles.
Permisos eran comercializaos via mensajería a través de aplicaciones de pasajeros y whatsapp
Por uso malicioso de instrumento público reiterado, perjurio e infracción sanitaria fue detenido un hombre en Antofagasta, quien es acusado por el Ministerio Público por la presunta venta de 550 salvoconductos y permisos únicos colectivos en la capital regional.
Una fiscalización sorprendió a dos personas con estos documentos, lo que permitió que carabineros del OS-9 comenzaran la indagatoria que los llevó a la aprehensión de E.H.T.C., de 33 años, según detalló la policía uniformada.
De acuerdo a la información policial, el sujeto es acusado de ofrecer a través de aplicaciones como Didi, Uber, Cabify y Whatsapp la entrega de permisos usando los datos legales de una empresa de mantenimiento -IGAM- que se encuentra sin movimiento desde hace cuatro años.
"Se ocupaban datos de una empresa que no funcionaba desde el año 2016. Cuando se hacían salvoconductos o permisos temporales colectivos, estas personas eran ingresadas como trabajadores de la empresa y así poder circular sin ningún problema en horario diurno y durante el toque de queda (que rige entre las 22.00 y las 5.00 del día siguiente)", señaló el mayor de Carabineros Alonso Quezada.
El vocero de la Fiscalía Regional de Antofagasta, José Troncoso, dijo que el imputado presuntamente actuó con esta modalidad desde junio hasta principios de agosto y "cobraba la suma entre 10.000 a 20.000 pesos, fingiendo ser el representante legal de la empresa".
Dado lo anterior, las autoridades estiman que las ganancias por la venta de los papeles bordean los 11 millones de pesos, aproximadamente.
JUEZ RECHAZÓ PRISIÓN PREVENTIVA
El fiscal a cargo del caso, Héctor Araya, solicitó al Juzgado de Garantía como medida cautelar la prisión preventiva, la que fue desestimada.
El magistrado señaló que "la exposición de antecedentes del Ministerio Público no permiten a este tribunal dar por establecidos los 550 delitos de falsificación de instrumento público, ni los 550 delitos de perjurio ni tampoco los del artículo 318 -infracción a reglas higiénicas-".
El juez aseguró que "no existen carpetas o al menos no lo ha dado a conocer el fiscal en esta audiencia, de los supuestos permisos que han sido adquiridos. Solo una declaración de una persona que decía que adquirió un permiso al imputado, el cual tampoco tenemos", sostuvo.
El tribunal fijó un plazo de 120 días para la investigación.