Gobierno admite falencias en implementación de programa de ayuda a víctimas de trauma ocular
Solo se ejecuta con ocho profesionales en el Hospital Salvador, en Santiago, y la Coordinadora de Víctimas pide ampliar la capacidad y más recursos.
La misión es "buscar cómo consolidar y concretar el objetivo de este programa, que es acudir en apoyo, de manera integral", dijo la subsecretaria de DDHH, Lorena Recabarren.
Según el reporte del INDH, 460 personas resultaron con lesiones oculares en el contexto de las protesta del estallido social.
El Ministerio de Justicia admitió haber constatado falencias en la implementación del Programa Integral de Reparación Ocular impulsado desde noviembre pasado por la cartera de Salud para apoyar a víctimas de agentes del Estado en el contexto de las protestas por el estallido social de octubre de 2019.
Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), 460 personas resultaron con lesiones oculares, de las cuales dos -Gustavo Gatica y Fabiola Campillai-quedaron ciegas y 35 sufrieron pérdida total de uno de los ojos.
El programa se ejecuta con ocho profesionales en la Unidad de Trauma Ocular (UTO) del Hospital Salvador, en Santiago, que ha atendido a 337 pacientes.
En este marco, la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, reconoció que "hemos podido advertir que existen falencias y creo que lo más interesante es poder retomar rumbos y buscar cómo consolidar y concretar el objetivo que este programa tuvo en su inicio, que es acudir en apoyo, de manera integral, a la reparación de víctimas de trauma ocular".
La Comisión de DDHH del Senado abordó la situación, instancia en la cual el Minsal cifró en 470 millones de pesos lo invertido en recursos humanos e insumos para la implementación de la ayuda.
De los pacientes atendidos en la UTO del recinto capitalino, 74 ya están con alta médica, mientras que hay otras 263 personas susceptibles de ingresar al programa, de las cuales cuatro lo rechazaron, 108 ya fueron entrevistadas; en tanto, otras 1.560 no han sido entrevistadas debido a información errónea de contacto.
VÍCTIMAS PIDEN MÁS AYUDAS Y ROBUSTECER PROGRAMA
En la instancia parlamentaria también expuso la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular, que enumeró problemas que han sufrido respecto a licencias médicas y medicamentos, y con declaraciones de invalidez puesto que -denuncian- en algunos casos se les reconoce un 15 por ciento de discapacidad cuando ellos creen que es mayor.
Asimismo, sostienen que las atenciones se han visto interrumpidas debido a la irrupción de la pandemia de coronavirus, que llegó en marzo a Chile.
"Creemos que es importante incorporar atención online de profesionales, considerando el contexto de pandemia, ya que muchos han visto mermadas su atención psicológica y de terapia ocupacional, producto de la pandemia", comentó Natalia Aravena, vocera de la agrupación.
Plantean que el programa provea "atención de salud integral por parte de todos los profesionales competentes de forma oportuna y rápida, para lo cual creemos que es necesario aumentar la cantidad de profesionales que se encuentren en el programa ya que actualmente solo se cuenta con un profesional por área: una psicóloga, una terapeuta ocupacional".
"Además el programa actual del Gobierno sólo se ejecuta en el Hospital Salvador, lo que significa que personas de región tengan que trasladarse a Santiago para ser atendidas", agregó, pidiendo también que el Estado financie el traslado y estadía de víctimas desde regiones junto a un acompañante.
ESCASOS RESULTADOS DE INVESTIGACIONES
El INDH ha presentado 146 querellas por casos de traumar ocular, la mayoría por presunta acción de Carabineros, y sigue recabando antecedentes sobre otros. Sin embargo, los resultados hasta ahora han sido mínimos, ya que menos del 1 por ciento de las causas tiene formalizados.
"Estos días hemos visto como se ha avanzado con la formalización de un imputado, en el caso de Gustavo Gatica, hemos escuchado testimonios muy dramáticos también de Fabiola Campillai, pero por cierto hay cientos de otras víctimas de lesiones oculares por acciones de agentes del Estado, todos esos casos tienen que ser investigados, esclareciodos, tiene que haber justicia y reparaciones", expuso Rodrigo Bustos, jefe jurídico del Instituto.
Parlamentarios de la Federación Regionalista Verde Social han pedido una entrevista con el fiscal nacional, Jorge Abbott, para conocer el estado de avance de las causas y conocer dificultades en las indagatorias.