El Tribunal Constitucional (TC) rechazó suspender el proceso de destitución del presidente peruano, Martín Vizcarra, impulsado por el Congreso, y admitió evaluar la demanda competencial para aclara la posibilidad de cesar a un mandatario en el último año de Gobierno.

El Congreso peruano abrió el viernes 11 de septiembre la puerta a la acusación, pero el Gobierno presentó una demanda competencial y una medida cautelar ante el TC para suspender el proceso de destitución. 

Pero tras la decisión del TC, el juicio político contra el mandatario se llevará a cabo el viernes tal y como estaba previsto.

Los magistrados del TC votaron en contra de la medida cautelar presentada por el Ejecutivo porque "el peligro (de una destitución) se ha diluido, por ahora no advertimos peligro", explicó la presidenta del Constitucional, Marianella Ledesma.

Ledesma, explicó a RPP Noticias que la medida fue rechazada por cinco votos en contra y dos a favor debido a las declaraciones, en las últimas horas, de diferentes líderes políticos de la oposición en rechazo a una eventual destitución de Vizcarra.

"No hemos encontrado el tema de urgencia, porque los propios voceros de las bancadas en el Congreso han anunciado que no va a haber vacancia (destitución)", agregó Ledesma.

Por lo tanto, "el peligro (de una destitución) se ha diluido, por ahora no advertimos peligro", insistió.

Ledesma indicó que ahora "el Congreso puede ejercer sus atribuciones", siguiendo con el debate de la destitución, y que el TC estará atento a este "conflicto", luego del cual tomarán "la decisión final sobre esta causal de incapacidad moral".

Con la decisión adoptada por el TC, Vizcarra o su abogado deberían presentarse mañana ante el pleno para defenderse antes de que los legisladores voten sobre su destitución. 

TC admitió demanda competencial

Sin embargo, el TC sí admitió a trámite la demanda competencial presentada por el procurador del ministerio de Justicia Luis Huerta para aclarar si el Congreso puede destituir al jefe de Estado bajo el argumento de "incapacidad moral".

Este es el tema de fondo sobre el cual el Ejecutivo solicitó suspender el proceso de destitución, para que no continúe el trámite hasta que se expida el alto tribunal.

Según el Gobierno, la "incapacidad moral" como motivo de destitución es un concepto tan amplio que permite un control desproporcionado del Gobierno por parte del Congreso, bajo el cual se podría destituir a cualquier presidente, por cualquier motivo, siempre que se reúnan los votos necesarios.

Esta crítica es compartida por varios expertos constitucionales peruanos, quienes señalan que el concepto de "incapacidad moral", originado en el siglo XIX, se refería originalmente a problemas mentales o psicológicos, ha sido utilizado en Perú para juzgar cuestiones políticas.

Evalúan nuevos requisitos para determinar la destitución del presidente

Ledesma explicó que una opción que están valorando los jueces para este tema es que para aprobar una destitución sea necesario el voto calificado de 104 legisladores, a diferencia de los 87 votos requeridos en la actualidad.

"Considero que en la lógica del equilibrio de poder, en el último año de Gobierno (como el de Vizcarra), los procesos de vacancia para justificar incapacidad moral deben tener mayor intensidad en la votación", dijo la magistrada.

En tal sentido, dijo que argumentará en el debate de esta demanda que un pedido de destitución presidencial no deba ser aprobado con 87 votos, "sino en el último año de Gobierno debería ir a los 104 votos, que es una votación calificada".

Ledesma explicó que la demanda competencial les tomará aproximadamente dos meses para su resolución, después de recibir las opiniones del Congreso y de la procuraduría pública.