Protestas: Reportan 8.500 casos de violaciones a DDHH y 16 carabineros dados de baja
Representando al Ministerio Público, Ymay Ortiz también señaló a la comisión del ramo de la Cámara que hay 919 uniformados imputados y 63 formalizados.
El diputado Miguel Crispi remarcó en la diferencia entre el número de denunciantes versus los formalizados en estas causas.
En tanto, Carabineros ratificó la desvinculación de 16 de los 170 funcionarios contra los que se formuló cargos por este tipo de causas.
El Ministerio Público confirmó que el reporte final de casos de presuntas violaciones a los derechos humanos por parte de funcionarios policiales desde octubre del 2019 indica que hay un total de 8.575 víctimas asociadas a causas de esta naturaleza.
La directora de la Unidad de DD.HH de la Fiscalía, Ymay Ortiz, lo destacó ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, que este lunes analiza la situación que dejó el estallido social de hace casi un año.
La abogada del Ministerio Público fue convocada por la instancia para entregar este balance, que añade que de las denuncias realizadas, hay 919 imputados conocidos; 63 efectivos formalizados -todos con medidas cautelares- en 29 causas.
Es decir, menos del 1 por ciento de los agentes del Estado que cometieron esas violaciones han enfrentado cargos ante la justicia, para lo que las razones son varias: lesiones menores o fuerza desmedida en detención de personas que no fueron pasadas a tribunales, por lo que no hay datos sobre los autores; personas que pidieron atención médica y fueron los doctores los que presentaron la denuncia con los escasos antecedentes disponibles, o bien, víctimas no quisieron seguir adelante con la causa.
En ese sentido, el diputado Miguel Crispi (RD) apuntó la llamativa diferencia entre el número de personas afectadas versus los formalizados por denuncias, a lo que Ortiz respondió que han debido realizar un trabajo de "pirquineo" para determinar si en las causas que llegaron podrían haber violaciones a las garantías fundamentales, por lo que anticipa una posible alza en la cifra de formalizados en la próxima semana, cuando será actualizada.
Por ejemplo, hay casos en que se presentan denuncias por lesiones leves, pero en el contenido de las declaraciones se da cuenta de que las víctimas habrían sufrido vejaciones, como obligaciones a desnudarse o a hacer sentadillas.
Pese a que la unidad que se dedica a abordar estas denuncias en la Fiscalía fue reforzada temporalmente con dos abogados, Ortiz afirmó que "no damos abasto", al tiempo que comprometió el deber de atender todos los casos que se reciban.
Por tanto, el parlamentario del Frente Amplio remarcó al término de la sesión que "la tesis de Carabineros de Chile, que sostuvieron durante todo el estallido social, de que estamos hablando de casos aislados se cae sola".
"Son cifras graves, alarmantes, y esperamos que haya un compromiso institucional por parte del Gobierno, de la Fiscalía y por supuesto de Carabineros, pero quien manda ahí es el Gobierno, de que las personas van a poder tener acceso a estas garantías constitucionales, y garantizar por tanto el derecho a la protesta y a la movilización", señaló Crispi.
16 carabineros dados de baja
Posteriormente, intervino en la comisión el general inspector Gonzalo del Alcázar, director de Contraloría de Carabineros, quien dio cuenta de la realización de 1.270 procesos indagatorios internos, los que derivaron en la formulación de cargos a 170 efectivos policiales.
"De los 170 funcionarios antes mencionados, 16 de ellos ya fueron desvinculados de la institución -baja con efectos inmediatos-, mientras que a otros 19 también se les está proponiendo una medida expulsiva en el sumario administrativo, y que se va a aplicar una vez que se encuentre afirme", puntualizó.
Asimismo, otros 135 uniformados recibieron cargos como arrestos, reprensiones o amonestaciones por estas causas, sanciones que aparecen en sus respectivas hojas de vida y potencialmente afectarían su carrera dentro de Carabineros.