Camila Vallejo: Si el Gobierno no fuera autoritario y negligente, no habría acusaciones constitucionales

La diputada comunista Camila Vallejo aseguró que la actitud "autoritaria y negligente" del Gobierno -desigual, dependiendo de su cercanía o distancia política hacia manifestaciones sociales- ha provocado "la necesidad de presentar" la acusación constitucional contra el ministro del Interior, Víctor Pérez.

Desde el Gobierno, "por un lado hay brutal represión, hay total libertad de acción para enfrentarse a las manifestaciones que son críticas u opositoras al Gobierno con represión y violación a lo derechos humanos; y, por otro lado, una suerte de complicidad y amparo de comportamiento por parte de manifestantes que son más cercanos -políticamente hablando- a la actual administración, como, por ejemplo, el paro de camioneros", cuestionó la parlamentaria.

Indicó que, "si es que el Gobierno no actuara de manera tan autoritaria y negligente, no nos veríamos en la necesidad de presentar estas acusaciones constitucionales".

"Estamos en frente de un Gobierno que ha generado las peores violaciones a los derechos humanos desde la dictadura a la fecha", advirtió.

El diputado de Revolución Democrática Jorge Brito, uno de los firmantes de la acusación constitucional contra el ministro Pérez, detalló el sustento de los tres puntos de la moción.

En primera instancia, por "haber dejado de ejecutar las leyes en materias relativas al orden público por el paro de los camioneros".

También, agregó, por "infringir la Constitución y las leyes vulnerando el derecho fundamental de igualdad ante la ley por el trato desigual que Carabineros tiene por el Apruebo, atacando a la gente del apruebo, y protegiendo y escoltando a la del Rechazo".

Y finalmente, "en tercer lugar, por haber dejado de ejecutar las leyes y al no ejercer su control jerárquico, su responsabilidad de mando en el actuar de Carabineros, en especial, a raíz del empujón que le dio Carabineros a un joven al Río Mapocho", argumentó.

"Esperamos de esta manera lograr que el ministro Pérez asuma su responsabilidad constitucional por el descontrol y los abusos por parte de la policía ", concluyó.

En la misma línea, el jefe de bancada del PPD, el diputado Raúl Soto, llamó a La Moneda a asumir responsabilidades por el actuar de Carabineros: "La autocrítica la tiene que hacer el Gobierno. Si hay un ministro del Interior que ha carecido de diálogo con el Congreso ha sido el ministro Pérez, por lo tanto, le devolvemos la pelota al Gobierno: que ellos practiquen el diálogo y no digan menos".

Lo anterior, agregó, "para poder reconstruir las confianzas con la ciudadanía".

En tanto, mañana se sorteará la comisión que revisará el documento.

Senador Coloma: Que Carabineros empiece de cero "me parece un gravísimo error"

El caso de Pío Nono no sólo ha impulsado la acusación constitucional contra el titular del Interior y la querella presentada por la Comisión Chilena de Derechos Humanos contra el Presidente Piñera, el ministro Pérez y el general Mario Rozas. También se ha acelerado la discusión sobre la reforma a Carabineros y, en la oposición, el planteamiento sobre una verdadera "refundación".

En respuesta, el senador de la UDI, Juan Antonio Coloma, si bien reconoció que es necesario realizar cambios en la institución policial, expresó que ve como un "gravísimo error" solicitar que sea refundada.

"Carabineros tiene una profundidad y una vinculación a la seguridad, y tiene una estructura que en muchos aspectos funciona, en otros no funciona, que tiene que ver con transparencia", afirmó.

Por lo que, "obviamente, hay que enmendar y condicionalizar, pero de ahí, como unos dicen, a partir de cero, a refundarla, a cambiarle el nombre, a tratar de borrarla de la historia, con una especie de negacionismo hacia Carabineros me parece un gravísimo error" manifestó.

El diputado Gonzalo Fuenzalida (RN), en tanto, dijo que una reforma debería incluir "la creación del Ministerio de Seguridad Pública, que hoy en Chile no existe como tal, sino que es una función que tiene el Ministerio del Interior; en segundo lugar, una ley que regule, de manera clara y precisa, la seguridad privada en Chile; y, finalmente, el rol que tienen que cumplir las policías, pues tenemos a veces dos policías realizando las mismas funciones, por ejemplo, en una investigación judicial".