Suprema revisará recurso de general de Carabineros sumariado por Contraloría
Luego de que su acción fuera declarada inadmisible por la Corte de Apelaciones, la defensa de Enrique Monrás presentó una reposición ante el máximo tribunal.
El jefe de la Zona Santiago Oeste es uno de los siete acusados por el ente contralor de faltar a sus funciones en las protestas después del 18-O.
Si el tribunal de alzada llega a rechazar las acciones de los otros seis generales, la Suprema también podría intervenir ante esas decisiones.
Luego de que siete generales de Carabineros arremetieran en la Corte de Apelaciones en contra de la Contraloría por acusarlos de faltar a sus funciones durante las manifestaciones de fines del 2019, el caso llegó a la Corte Suprema.
Esto, porque el recurso de protección impuesto por el jefe de la Zona Santiago Oeste, Enrique Monrás, fue declarado inadmisible, y el abogado del general, Jorge Martínez, presentó este martes una reposición ante el máximo tribunal, según consigna La Tercera PM.
En el nuevo escrito, el jurista asegura que "se vulnera el derecho a la cautela judicial al obligar al general Monrás a someterse a una jurisdicción disciplinaria diversa a aquella que le corresponde por jerarquía profesional y mando, establecida en la Constitución y la ley".
Para Martínez, el sumario de la Contraloría "vulnera su derecho a igualdad ante la ley, el debido, racional y justo proceso al ser juzgado por una comisión especial y no por el juez que naturalmente le corresponde y se afectan sus prerrogativas y derechos de propiedad que tiene sobre su cargo como oficial general".
Cabe recordar que en la investigación del ente contralor de septiembre se resolvió que Monrás no adoptó "acciones o medidas oportunas y suficientes, en razón del control y supervisión que le correspondía ejercer respecto al funcionamiento de las siete reparticiones bajo su dependencia, a fin de corregir, enmendar o subsanar la inadecuada utilización de la escopeta antidisturbios por parte del personal operativo de Carabineros de Chile, en el marco de procedimientos e intervenciones de control de orden público materializadas en su territorio jurisdiccional".
La reposición planteada ante la Suprema señala que, al desestimar el recurso impuesto ante el tribunal de alzada, "se priva, se resta, se desconoce al recurrente el derecho a la tutela jurídica, es decir, de poder recurrir a la protección judicial cuando sus derechos constitucionales son amagados por un ente público que carece de competencia y de juricidad para formularle cargos en materias referidas a su funcional policial vinculadas al orden público".
La Suprema ahora será la encargada de resolver si debe o no tramitarse el recurso. Asimismo, si la Corte de Apelaciones llega a rechazar las acciones de los otros seis generales acusados por la Contraloría, el máximo tribunal también podría intervenir ante esas decisiones.