Pérez se defiende: En estado de catástrofe Carabineros no depende del Ministerio del Interior

El ministro del Interior, Víctor Pérez, presentó la última noche su defensa escrita en la Cámara Baja ante la acusación constitucional que impulsa la oposición en su contra, y argumentó que el libelo incurre en un error jurídico "absoluto" que priva de méritos a todos los capítulos de la ofensiva opositora.

La acusación está dividida en tres capítulos donde se le cuestiona a Pérez por su gestión durante el paro camionero a finales de agosto y por su control jerárquico sobre Carabineros, la cual fue reactivada a inicios de octubre luego del caso del adolescente de 16 años que cayó al lecho del río Mapocho tras haber sido empujado por un funcionario de esa institución.

En concreto, el libelo responsabiliza al secretario de Estado por "haber dejado de ejecutar las leyes en materias relativas al orden público", "haber infringido la Constitución o las leyes, vulnerando el derecho fundamental de igualdad ante la ley", y "haber dejado de ejecutar las leyes, al no ejercer el control jerárquico correspondiente sobre los órganos sometidos a su dependencia".

La defensa de Pérez, integrada por los abogados Mario Rojas y Alejandro Espinoza, sostiene que el texto acusatorio "incurre en el grueso error jurídico de atribuir al ministro acusado la obligación legal de control de orden público, ignorando el texto actualmente vigente del Decreto Supremo N° 104, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, promulgado el 18 de marzo de 2020, que 21 declara 'estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, en el territorio de Chile' ".

En específico, la contestación -que publica La Tercera- expone que en ese decreto "se designó como jefes de la Defensa Nacional a ciertos miembros de las Fuerzas Armadas -que no tienen dependencia respecto del ministro del Interior, sino del Ministerio de Defensa-, y, en el artículo 3 les asignó las potestades 'Asumir el mando de las Fuerzas... de Orden y Seguridad Pública que se encuentren en la zona declarada en estado de catástrofe, para los efectos de velar por el orden público (...) y dictar las directrices e instrucciones necesarias para el mantenimiento del orden en la zona'".

Es decir, según la respuesta del titular de Interior, bajo el estado de catástrofe -que rige en todo el país desde marzo por la pandemia-, las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, entre ellas Carabineros, quedan bajo el control de las Fuerzas Armadas, a su vez dependientes del Ministerio de Defensa.

"El libelo acusatorio fue estructurado desconociendo el ordenamiento jurídico chileno vigente a la época de los hechos en que se funda, pues imputa al señor Ministerio del Interior por la omisión de acciones que, en rigor de derecho, no forman parte de su competencia legal específica", apunta.

"HECHOS ANTERIORES Y DISMINUCIÓN SUSTANCIAL DE DENUNCIAS POR DDHH"

En otro punto cuestiona que la acusación "incurre en la impropiedad de considerar, dentro de los 'hechos específicos' que la ley les obliga a expresar, para configurar los capítulos de imputación, unos hechos de terceros que además son anteriores al día en que asumió en el cargo de ministro del Interior", el 28 de julio pasado.

De todos modos, la defensa valora que "durante el breve periodo" lleva Pérez a cargo de Interior, "las autoridades encargadas del control del orden público en el país, han debido enfrentar hechos de gravedad, entre otros el paro de camioneros citado en la acusación, la toma de municipios en la zona de Araucanía y el aniversario del 18 de octubre, eventos que fueron asumidos con una disminución sustancial de las denuncias de abusos y violaciones de derechos humanos cometidas por funcionarios policiales".

Se debe destacar, agrega, "la mínima ocurrencia de sucesos con manifestantes y civiles heridos o fallecidos, en comparación con los meses finales del año pasado".

Tras recibir la respuesta del ministro, la comisión ad hoc que revisa la acusación, integrada por mayoría opositora, tendrá seis días para resolver la recomendación -no vinculante- que formulará a la Sala de la Cámara Baja.