Fiscalía negó que haya "cientos" de manifestantes presos por uso abusivo de la ley

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Autor: Cooperativa.cl

"Las personas sometidas a la acción de los tribunales no lo están por su pensamiento u opinión, sino por delitos", enfatizó el organismo, que descartó "arbitrariedad" de las prisiones preventivas.

Advirtió que el proyecto de indulto general por los hechos ocurridos desde octubre del año pasado supone "una gravísima señal para la convivencia social".

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"Las críticas al estado procesal de causas relacionadas con el contexto estallido social constituyen una generalización inaceptable, que demanda de sus autores la individualización de las mismas", enfatizó el Ministerio Público.

Mediante una declaración pública, el Consejo General de Fiscales (instancia que reúne al fiscal nacional, Jorge Abbott, y a los fiscales regionales), rechazó las acusaciones sobre un supuesto "uso indebido o desproporcionado del derecho penal" contra personas detenidas en el marco de manifestaciones sociales y hechos de vandalismo registrados tras el estallido social de octubre del año pasado.

El Consejo -que habló a nombre del Ministerio Público- rechazó abiertamente el proyecto de ley presentado por los senadores Isabel Allende (PS), Yasna Provoste (DC), Adriana Muñoz (PPD), Juan Ignacio Latorre (RD) y Alejandro Navarro (País Progresista) que propone un indulto general para quienes protagonizaron hechos de violencia -incluso graves-, con la exclusión expresa de "miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Públicas, o funcionarios de cualquiera de los organismos y poderes del Estado a la época de la comisión de los hechos".

Niega "arbitrariedad" en las prisiones preventivas

La Fiscalía también criticó los fundamentos de dicha iniciativa legal, al enfatizar que los "fiscales ejercen sus labores con autonomía y estricto apego a la legalidad", en "actuaciones siempre sometidas al escrutinio y control de los Tribunales de Justicia y, por ende, ajenas a toda arbitrariedad", con "plenas garantías de objetividad, seriedad y transparencia".

"Ante hechos de especial gravedad y debidamente fundados en los antecedentes que emanan de las investigaciones que se llevan adelante, la Fiscalía solicita medidas cautelares de mayor intensidad, como la prisión preventiva, las que son evaluadas en audiencias públicas, en las que interviene la defensa del imputado y en la que resuelve un Tribunal de la República, decisión que regularmente es revisada, a su vez, por un tribunal superior de carácter colegiado. Este proceso impide cualquier arbitrariedad", remarcó la institución.

En esta línea, continúa el escrito, "la Fiscalía de Chile no puede compartir aseveraciones en orden a que existirían cientos de personas privadas de libertad por delitos menores, o contra quienes se habría hecho un uso indebido o desproporcionado del derecho penal".

"Las personas sometidas a la acción de los Tribunales de Justicia no están en esta condición por su pensamiento o por sus opiniones, sino por actos que son constitutivos de delitos", enfatizó.

Por tal motivo, "las críticas al estado procesal de causas relacionadas con el contexto estallido social constituyen una generalización inaceptable, que demanda de sus autores la individualización de las mismas", emplazó.

"Gravísima señal"

Finalmente, la declaración señala: "La Fiscalía de Chile hace presente que un proyecto de ley de indulto como el presentado en el Congreso Nacional en los últimos días podría constituir una gravísima señal para la convivencia social".

Esto debido a "plantea condiciones que dejarían sin efecto, entre otras causas, la condena a 11 años de presidio impuesta a John Cobin, por homicidio frustrado y Ley de Control de Armas, tras disparar en la vía pública en Viña del Mar, el 10 de noviembre de 2019".

De prosperar, el proyecto en cuestión también "impediría perseguir la responsabilidad penal de los dos imputados en prisión preventiva por el atentado con artefacto explosivo en el edificio Tánica, el 27 de febrero de este año", ejemplificó (ver archivo adjunto).

Piñera anunció veto

El controvertido proyecto de ley de los senadores -incluida la presidenta de la Cámara Alta, Adriana Muñoz (PPD)- ya había sido rechazado por la Asociación de Fiscales, y tanto analistas como políticos de diversos sectores, el Gobierno y organismos como Human Rights Watch han rechazado la calificación de "presos políticos" que se concede laxamente a quienes están imputados por los referidos hechos vandálicos.

Este lunes, más temprano, el Presidente Sebastián Piñera reafirmó la crítica a dicha iniciativa y afirmó que, de prosperar, le aplicará el veto presidencial, pues "no sólo debilita el orden público y la seguridad ciudadana, sino que también debilita la democracia, el Estado de Derecho y las libertades de los ciudadanos".