La ONG Human Rights Watch (HRW) advirtió este martes que la ley que inhabilitará en Nicaragua las candidaturas a cargos de elección popular a "traidores a la patria" amenaza unas elecciones libres y justas en el país centroamericano, que está inmerso en una crisis sociopolítica desde abril de 2018.

Según HRW, con esa ley el Gobierno que preside el sandinista Daniel Ortega podría impedir que los opositores se postulen para un cargo en las elecciones generales prevista para el 7 de noviembre de 2021.

La mayoría sandinista que controla la Asamblea Nacional (Parlamento) aprobó este lunes con carácter urgente una ley que inhibirá las candidaturas de aquellos nicaragüenses que aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado y sus ciudadanos, que además serán considerados "traidores a la patria".

La "Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz" fue aprobada durante una sesión extraordinaria con 70 votos de los sandinistas y sus aliados, promotores de la controvertida iniciativa, frente a 14 que votaron en contra y 5 abstenciones.

PIDE A OEA Y UE CONDENAR

A juicio de HRW, esa nueva ley "parece diseñada para prohibir la participación de candidatos de la oposición en las elecciones presidenciales de 2021", por lo que instó a los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE) "condenar urgentemente esta legislación que amenaza los derechos de los nicaragüenses a postularse para cargos públicos y votar en elecciones libres y justas".

Esa ONG observó que la ley define "traidores" en términos generales y no dice nada sobre cómo se tomaría esa determinación o por quién.

"Siguiendo las órdenes de Ortega, el Congreso nicaragüense aprobó una ley que podría usarse para etiquetar a los opositores de Ortega como 'traidores' y evitar que se presenten en las próximas elecciones nacionales de 2021", alertó José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.

"Con esta ley en vigor, hay poca o ninguna esperanza de elecciones libres y justas en Nicaragua", agregó.

ORTEGA INTERPRETÓ LEY

Según la ley, serán considerados "traidores a la patria" y tampoco podrán optar a cargos de elección popular, los nicaragüenses que encabecen o financien un golpe de Estado, que alteren el orden constitucional, que fomenten o insten a actos terroristas, y/o que realicen actos que menoscaben la independencia, la soberanía, y la autodeterminación.

También los que inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pidan intervenciones militares, se organicen con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, que propongan y gestionen bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones.

Además, aquellos que demanden, exalten y aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y todos lo que lesionen los intereses supremos de la nación contemplados en el ordenamiento jurídico.

Ortega, quien retornó al poder en enero de 2007 tras coordinar una Junta de Gobierno de 1979 a 1985 y presidir el país de 1985 a 1990, dijo el viernes pasado que aquellos nicaragüenses que participaron en la revuelta contra su Gobierno en abril de 2018, que el Ejecutivo califica como "intento de golpe de Estado", no podrán optar a cargos de elección popular en los próximos comicios.

"UN CAMPO DE JUEGO DESIGUAL"

"Esta ley es incompatible con las leyes regionales e internacionales de derechos humanos", argumentó HRW, que observó que en los últimos meses el Gobierno de Nicaragua ha promovido, y el Congreso ha aprobado, "varias otras leyes que restringen seriamente los derechos a la libertad de expresión y asociación en el país y podrían socavar las elecciones libres y justas en 2021".

Esa ONG se refiere a la ley de agentes extranjeros, que prohíbe postularse a cargos de elección popular a los nicaragüenses que reciben financiación extranjera; la ley especial de ciberdelitos, que penaliza una amplia gama de comunicaciones en línea; y una enmienda constitucional que permitiría la cadena perpetua por "delitos de odio" definidos en términos generales.

"Al establecer un campo de juego desigual para las elecciones de 2021, el gobierno está socavando los derechos de todos los nicaragüenses a participar en elecciones libres y justas", apuntó Vivanco.

"Y después de 13 años consecutivos como presidente, Ortega parece decidido a permanecer en el poder incluso a costa de los derechos básicos de los nicaragüenses", opinó.