Turquía mantiene preso a un líder político, pese a veredicto del Tribunal Europeo de DDHH
Jueces locales desestimaron poner en libertad al izquierdista Selahattin Demirtas, en prisión preventiva desde 2016 como acusado de "incitación a actos terroristas".
Los magistrados adujeron que la sentencia de la corte europea está redactada en inglés y que aún no hay una traducción oficial del Gobierno turco.
Selahattin Demirtas lleva cuatro años en prisión preventiva.
Un tribunal de Ankara rechazó este sábado poner en libertad al político izquierdista Selahattin Demirtas, ex dirigente del partido prokurdo HDP, encarcelado desde 2016, pese a una reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo.
Los abogados de Demirtas habían solicitado su liberación, invocando la sentencia del TEDH, emitida el martes pasado, pero los jueces de Ankara afirmaron no hallar cambios en la situación del acusado, informa la agencia turca Anadolu.
El tribunal adujo que la sentencia del TEDH está redactada en inglés y que aún no dispone de una traducción oficial del Ministerio de Justicia turco, por lo que no puede evaluar a qué solicitud y a qué supuestos delitos se refieren los magistrados europeos.
Como miembro del Consejo de Europa, Turquía está obligada a aplicar las sentencias del TEDH, máxima instancia judicial de todos los países afiliados a este organismo.
Sin embargo, el miércoles pasado, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, acusó al TEDH de estar "politizado" y aseguro que no puede reemplazar los tribunales turcos, además de reiterar su convicción de que Demirtas es "responsable de la muerte de muchas personas".
Demirtas está acusado de "incitación a actos terroristas" por haber hecho en octubre de 2014 un llamamiento a manifestarse contra el asedio yihadista a la ciudad kurda de Kobane en Siria.
Las protestas desembocaron en enfrentamientos entre kurdos izquierdistas e islamistas y causaron la muerte de medio centenar de personas.
El TEDH ha considerado que mantener al acusado en prisión preventiva durante cuatro años vulnera sus derechos y tiene como objetivo "limitar la libertad del debate político".