Corte Suprema: Hay 26 personas en prisión preventiva por delitos vinculados al estallido social

La vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, dio a conocer que actualmente hay 26 personas en prisión preventiva por delitos vinculados al estallido social, ocurridos entre el 16 de octubre de 2019 y 16 de marzo 2020.

En total, se les imputan 73 delitos, principalmente por robo en lugar habitado o incendio con peligro para las personas. Además, 16 de estos imputados registran condenan por delitos anteriores.

La ministra Chevesich apuntó que el promedio de la prisión preventiva de estas 26 personas -que permanecen todavía en las cárceles del país- es de 318 días, con un mínimo de 91 días y un máximo de 420, es decir, más de un año.

De un universo de 2.180 personas que habían sido detenidas, "280, esto es un 12,8 por ciento, se mantenían en prisión preventiva al 12 de diciembre de 2020 y solo 26 por al menos algún delito relacionado al llamado estallido social", detalló.

Chevesich puntualizó además que esta medida "no ha sido excesiva, hay algunas que han permanecido en el tiempo, pero debido a que el juicio oral no se ha podido llevar a cabo".

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Estos datos fueron entregados en medio del debate del proyecto de ley que busca conceder un indulto general a las personas detenidas en el contexto del estallido social.

Ante ello, la diputada comunista Karol Cariola aseguró que "estamos disponibles a revisar todos los elementos que el Poder Judicial pueda incorporar a la discusión, pero eso no significa poner una tapa a una discusión y un debate que está abierto y que existe, y aunque fuera una persona la que estuviera en esta condición, creemos que es necesario resolverlo políticamente, por lo tanto la propuesta del indulto va a seguir adelante".

PRESIDENTA DEL SENADO, "SORPRENDIDA" POR LAS CIFRAS

La presidenta del Senado, Adriana Muñoz (PPD), una de las impulsoras del proyecto de ley que busca un indulto general, reacciinó con sorpresa ante las cifras entregadas por el Poder Judicial. Ella, a mediados de diciembre, había dicho que cerca de 800 personas llevaban más de un año en prisión preventiva, lo cual fue desmentido -con cifras- por la Fiscalía y la Defensoría Penal Pública. 

"Hemos estado mirando  las cifras y de los 26, sólo 10 no tienen antecedentes conductuales anteriores mientras que el resto son todas, al parecer, personas que han delinquido, según esta información. Estamos realmente sorprendidos con esa información", admitió.

"Se empezó a dar esta información en los medios y me gustaría mucho que se entregara por escrito a la Comisión de Derechos Humanos, donde se está tramitando el proyecto de indulto", instó.

Muñoz insistió en que "se requiere transparencia y consistencia en los datos que se entregan; saber exactamente qué personas, por qué han sido sometidas al debido proceso y por qué están sometidas hace bastante tiempo a la prisión preventiva".

En respuesta el senador del PPD, Felipe Harboe, ante la gran diferencia de la cifra estimada por Muñoz a la ratificada por la Corte Suprema, le pidió que legisle "en base a evidencia y no a cifras que circulan en redes sociales".

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El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta, el senador Juan Ignacio Latorre (RD), subrayó que aunque "es primera vez que se entregan cifras oficiales (...) lo de las cifras es un aspecto del problema, pero no es el problema central".

"Aunque haya 10 ó 20 casos, nos parece que no puede ser que se salte el debido proceso o haya una transgresión o procesos irregulares", señaló el legislador frenteamplista.

"Hay que hacer un contraste, pero insisto: hay casos donde algunos ya estuvieron privados de libertad y siguen con una medida cautelar distintas, por ejemplo, arresto domiciliario", afirmó.

Según las cifras de la Suprema, además hay 11 uniformados en prisión preventiva por delitos contra los derechos humanos cometidos durante el estallido social.