Más de 100 chilenas quedaron embarazadas por anticonceptivos fallados y no pueden abortar
"Mirarme al espejo es duro, me veo la guata y me recuerda esta pesadilla. Hay días que me levanto bien y quiero tenerla, pero la mayoría no", explicó una de las afectadas
Estefany Cavieres, de 28 años, conoce bien los síntomas del embarazo. Duelen la tripa y los pechos, se tienen náuseas y se está cansada. Por eso, cuando los sintió, no lo dudó: era una de las 111 chilenas que se habían quedado embarazadas por culpa de anticonceptivos defectuosos.
"Un día me llamaron de mi centro médico para avisarme, había unos lotes en mal estado, pero mis píldoras no correspondían a esas cajas y me quedé tranquila", explica a Efe la joven, que llevaba tres meses sometida a este tratamiento de planificación familiar administrado en los hospitales públicos.
Sin embargo, pronto confirmó sus sospechas. Una negligencia farmacológica había truncado sus planes de vida, conseguir estabilizarse laboralmente como estilista y dedicarse a atender a su segunda hija, de tres años, que tiene problemas de salud.
"El mundo ya está demasiado complicado como para traer más hijos. Y ahora me pregunto: ¿en quién confío? A una le da rabia porque el sistema la deja tirada", agrega Cavieres, que tras tres meses de embarazo no deseado y una depresión, sufrió un aborto involuntario.
"Me veo la guata y me recuerda esta pesadilla"
Valentina Donoso, de 21 años, se toca la barriga mientras habla. Está embarazada de 6 meses y medio, aunque también "se estaba cuidando con Anulette CD", un anticonceptivo distribuido en numerosos centros de salud públicos de Chile, en los que miles de mujeres de los estratos socioeconómicos más bajos reciben sus medicamentos.
"Mirarme al espejo es duro, me veo la guata y me recuerda esta pesadilla. Hay días que me levanto bien y quiero tenerla, pero la mayoría no", explica la joven, que ha tenido que pausar sus planes de estudiar en la universidad.
Entre marzo y septiembre de 2020, el Instituto de Salud Pública (ISP), la máxima autoridad farmacológica en el país, alertó de que ocho lotes de seis píldoras anticonceptivas distintas administrados en centros de salud públicos estaban defectuosos y ordenó su retirada del mercado.
Sin embargo, la institución volvió a permitir la distribución de una de las marcas, Anulette CD, tan solo una semana después de retirarlo, aludiendo a que las fallas eran visualmente detectables. Más de 100 mujeres denunciaron embarazos no deseados por culpa de este medicamento, algunas de ellas menores de edad, según datos de Corporación Miles.
Fuentes del ISP consultadas por Efe afirmaron que la institución todavía "está estudiando su posición y responsabilidad en el caso".
Para Laura Dragnic, abogada de Miles, en este caso hay dos responsables: primero, el laboratorio que fabricó los medicamentos y segundo, el Estado por no llevar a cabo un seguimiento de su calidad y por no atender las necesidades de las afectadas.
Imposibilitadas de abortar
Al igual que a otras mujeres afectadas, a Donoso le fue denegado el derecho a aborto puesto que esta negligencia farmacológica no entra estrictamente dentro de ninguna de las tres causales por las que está permitido el aborto en Chile: violación, inviabilidad del feto o riesgo vital de la madre.
Para Estefanny Molina, abogada de Women's Link Worlwide, plataforma que elevó el caso a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), esta situación representa "una cadena completa de violación a los derechos sexuales de las mujeres chilenas".
"Chile tiene un reto por delante. Es necesario que se amplíe el concepto de salud sexual y que por tanto se revise la despenalización del aborto", sentencia.
"No puede ser -concluyó Molina- que la mitad de la población en Chile quede desprotegida porque al Estado no le importe la garantía de los derechos sexuales y reproductivos", finalizó.