Fundación para La Confianza desmiente dichos de la defensa de Nicolás López
En el marco de la preparación del juicio oral, la abogada del cineasta, acusado de violación y abuso sexual, aseguró que una víctima, identificada como B.C., "se desmarcó" de la querella.
La mujer "mantiene invariablemente su calidad de víctima en la causa seguida en contra del acusado, pero nunca ha intervenido como querellante", corrigió esta noche la organización.
La Fundación para la Confianza desmintió este jueves los dichos de la defensa del cineasta Nicolás López sobre la audiencia preparatoria del juicio oral, que comenzó ayer en tribunales de Viña del Mar.
"Respecto de las afirmaciones enviadas a los medios de comunicación por parte de la agencia de comunicaciones que asesora a Nicolás López y su defensa, quiero aclarar que B. C. mantiene invariablemente su calidad de víctima en la causa seguida en contra del acusado, pero nunca ha intervenido como querellante por lo que no es cierta la información", puntualizó desde la organización Grace Schmidt, abogada querellante.
Ayer, a través de un comunicado difundido por la empresa Imaginacción, la defensora Paula Vial había asegurado que "la principal novedad" de la audiencia de preparación de juicio oral "es que una de las querellantes, B.C., se desmarcó de la acción judicial presentada por el abogado Juan Pablo Hermosilla y decidió no incluir su nombre en la acusación privada", señalando que "seguirá siendo parte del juicio, a cargo del Ministerio Público, pero ella no será parte de la acusación particular".
La audiencia fue dirigida por el juez Erik Espinoza en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar y continuará en periodos de media hora cada día, contando con la presencia de López.
El cineasta está imputado por cinco hechos, el primero de los cuales ocurrió presuntamente en Viña del Mar y el resto en la Región Metropolitana: una violación (1), ultraje público a las buenas costumbres (2), violación y delito reiterado de abuso sexual (3), repitiéndose este último en el hecho 4 y 5.
En ese sentido, el Ministerio Público pide una pena de 10 años y un día por el delito de violación; 5 años y un día por el delito de abuso sexual y 61 días por el delito de ultraje público a las buenas costumbres.