Académicos alertan sobre contradicción del Gobierno por reforma al empleo público

Un grupo de académicos expertos en economía y administración advirtió sobre la contradicción que significa la reforma a la planta de funcionarios del gobierno central, frente a las desvinculaciones que el Ejecutivo ha realizado en la Alta Dirección Pública (ADP).

Uno de los puntos centrales es que de las cerca de 420 mil personas que trabajan en el Estado de forma centralizada, 65% está como contrata u honorarios, ante lo cual se propone que el funcionario que cumple labores permanentes pueda acceder a un empleo estable a través de procesos regulados por el Servicio Civil.

Para Eduardo Abarzúa, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtano (UAH), "la propuesta es innecesaria, ya que evidencia una abierta contradicción entre lo que se propone y la conducta del actual Gobierno, el que sólo ha recurrido a la concursabilidad en el 50% de los casos para proveer nuevas contratas, además de no trepidar en desvincular a más del 75% de los altos directivos públicos seleccionados por sus méritos".

No obstante, se valora que el anteproyecto sobre empleo público separe los cargos de confianza de los funcionarios del Estado.

"Es una propuesta positiva que reconoce la necesidad de que los gobiernos cuenten con asesores de confianza política, diferentes de los funcionarios permanentes de la administración y que se propone regular su número y remuneración", apunta Rodrigo Egaña, director Económico y Administrativo del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile.

Sin embargo, Enrique Paris, decano de Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Santo Tomás, enfatiza que "no se precisa que dichos asesores deben dedicarse a la definición de políticas públicas y a la gestión política del gobierno y desempeñarse sólo en ministerios y subsecretarías, sin involucrarse en la gestión de los servicios públicos, tarea propia de los directivos nominados por Alta Dirección Pública y, por el contrario, propone que cada ministro o ministra pueda enviar a sus asesores políticos a los servicios dependientes, introduciendo en ellos lógicas ajenas a las que derivan de su rol en la implementación de políticas públicas y en la provisión de servicios a la ciudadanía, lo que eleva las posibilidades de intervención política en los servicios públicos".

Finalmente, un punto que llama la atención de los profesores en el anteproyecto se relaciona con el teletrabajo y su regulación, considerando la extrema implementación de esta labor después de la pandemia de Covid-19.

"Se hace altamente conveniente regularlo, cautelando el respeto a las leyes laborales, los derechos colectivos y la compatibilidad entre la vida laboral y la familiar e individual", añade Abarzúa, porque "si bien la propuesta gubernamental enfrenta algunos de estos aspectos, no aborda la complejidad del nuevo escenario, que debe ser perfeccionada por medio del diálogo social, desarrollado con amplia participación de las asociaciones de funcionarios del sector público".