El decreto sobre casinos que origina el "caso Enjoy"
La norma, visada por la Contraloría, permitió extender el plazo para que 5 nuevos recintos iniciaran sus operaciones.
El hashtag #EnjoyGate se hizo tendencia en redes sociales desde la noche del miércoles, cuando en el programa "Mentiras Verdaderas" de La Red la periodista Alejandra Matus habló de "los conflictos de interés del Presidente Sebastián Piñera con la licitación y extensión de permisos para extender las obras de casinos licitados a Enjoy S.A.".
La reportera recordó que la industria de casinos y el rol de la superintendencia del rubro fueron motivo de una comisión investigadora en la Cámara de Diputados, centrada en la insolvencia del grupo Enjoy y que sesionó entre mayo y diciembre de 2020, y cuyo informe final se aprobó en la sala el pasado 4 de marzo.
La indagación -detalló- "muestra claramente que dos de las empresas en las que el Presidente Piñera tiene administrada su fortuna, BTG Pactual y Moneda Asset, están comprometidas, ya sea por boletas de garantía o porque están avalando la deuda de Enjoy, en que Enjoy se mantenga a flote a pesar de que está virtualmente quebrada desde 2017".
A mediados de 2020, Enjoy logró un acuerdo de reorganización con sus acreedores, para transformar parte de sus 465 millones de dólares de deuda en bonos, así como pagos con plazo definido a bancos y proveedores.
El decreto que extiende plazos
En junio de 2018, el Consejo Resolutivo de la Superintendencia de Casinos de Juego otorgó permisos de operación para casinos en Iquique, Coquimbo, Viña del Mar, Pucón y Puerto Varas.
En 4 casos la mejor oferta fue de Enjoy: Casino del Lago S.A. (Pucón), Casino de Puerto Varas S.A. (Puerto Varas), Casino de la Bahía S.A. (Coquimbo) y Casino del Mar S.A. (Viña del Mar); mientras que Sun Dreams ganó en Iquique, con Entretenimientos Iquique S.A.
Por ley, las empresas tienen 2 años desde la adjudicación para iniciar la operación de los recintos, pero también pueden por única vez pedir una extensión del plazo, de hasta 1 año para recibir clientes y hasta 1,5 años para todas las obras anexas del proyecto, la que puede aprobarse "por razones fundadas".
Así, las 5 empresas pidieron esta extensión, autorizándose todas antes del 28 de febrero de 2020.
Y es a raíz de estos plazos que Matus cuestionó al Mandatario, por un decreto firmado en enero de 2021 y del que la Contraloría tomó razón en febrero.
En el decreto se autoriza a la superintendencia a "extender la respectiva prórroga otorgada para la ejecución de las obras, previa solicitud de las sociedades operadoras, sólo por una vez y por razones fundadas, por un periodo que no exceda de 6 meses, tratándose del cumplimiento de las obras de inicio de operación del casino de juego propiamente tal, y por el mismo período para el cumplimiento de las demás obras o instalaciones que comprenda el proyecto integral".
La norma se basa en que la pandemia de Covid-19 y los estados de excepción constitucional que ha motivado la misma califican como "circunstancias extraordinarias", tal como ocurrió con extensiones tras el terremoto del 27/F, que se define como "precedente".
De hecho, en su toma de razón la Contraloría General de la República enfatiza que "la posibilidad de extensión de prórroga (...) es de carácter excepcional y solo tiene lugar por razones fundadas en las extraordinarias circunstancias sanitarias en las que se encuentra el país como consecuencia del brote del Covid-19, las que han configurado una situación de caso fortuito".