Gobierno: Piñera no tiene ni ha tenido relación o interés con ningún casino
De esa forma respondió el ministro de la Segegob, Jaime Bellolio, a las acusaciones de presuntos conflictos de interés del Mandatario con Enjoy.
El vocero afirmó que sobre las extensiones de plazo de cuatro establecimientos de esa empresa debe responder Hacienda o la superintendencia del rubro.
El ministro Secretario General de Gobierno, Jaime Bellolio, se pronunció por primera vez en nombre del Ejecutivo ante la denuncia de la periodista Alejandra Matus sobre presuntos conflictos de interés del Presidente Sebastián Piñera con Enjoy y afirmó que el Mandatario "no tiene ni ha tenido relación o interés con ningún casino".
La acusación plantea que un decreto gubernamental mantiene a aquella empresa "a flote a pesar de que está virtualmente quebrada desde 2017", en palabras de la reportera, y el vínculo que tienen con ella BTG Pactual y Moneda Asset, compañías que manejan la fortuna del Mandatario.
La semana pasada, Matus expuso en el programa "Mentiras Verdaderas" de La Red que durante la indagación hecha a la industria de casinos y la superintendencia del rubro por una comisión investigadora de la Cámara se constató que estas empresas están involucradas, "ya sea por boletas de garantía o porque están avalando la deuda de Enjoy".
Además, casi dos años después de que la Superintendencia otorgara permisos de operación -que deben completarse en 24 meses- a cuatro casinos de Enjoy, estos pidieron una extensión de plazo, que es única por ley y puede llegar hasta un año para recibir clientes y hasta un año y medio años para todas las obras anexas del proyecto, y todas fueron autorizadas antes del 28 de febrero de 2020.
Sin embargo, un decreto firmado en enero de 2021 y del que la Contraloría tomó razón en febrero, autoriza al regulador a "extender la respectiva prórroga otorgada para la ejecución de las obras, previa solicitud de las sociedades operadoras, sólo por una vez y por razones fundadas, por un periodo que no exceda de 6 meses", norma basada en que la pandemia de Covid-19 y los estados de excepción constitucional que ha motivado la misma califican como "circunstancias extraordinarias".
"Hacienda o la Superintendencia deben contestar"
Según explicó Bellolio, "durante la pandemia se han tomado muchas distintas ayudas y decisiones, algunas de las cuales tienen que ver, por ejemplo, en este caso con la Superintendencia de Casinos -que no le compete al Gobierno-, y otras sí le han competido, pero el tema que estaba en discusión con respecto a esto no es ese decreto".
"A ese decreto quien debe contestar es el Ministerio de Hacienda, o en este caso específico, la Superintendencia, pero vuelvo a responder al tema que ha generado la controversia política, y es que el Presidente Piñera no tiene ni ha tenido ningún tipo de relación ni de interés con absolutamente ningún casino y por tanto todas esas acusaciones carecen absolutamente de fundamento", aseguró el ministro.
Por tanto, el vocero da a entender que en el Gobierno se desligan de la decisión del regulador en la materia, a pesar de que este organismo es dependiente del Ministerio de Hacienda.
Enjoy: "En periodo electoral pueden existir intenciones políticas"
A través de una declaración, Enjoy reaccionó a la polémica y aseguró que se trata de "elucubraciones de carácter político", "infundadas y meramente especulativas".
"Entendemos que en un contexto de periodo electoral como el actual, puedan existir intenciones políticas tras los comentarios y rumores vertidos en debates de redes sociales y medios de comunicación, acerca de los cuales no podemos hacernos cargo. Lamentamos que para estos propósitos políticos esté la disposición de dañar a una empresa chilena, con más de 45 años de historia y a sus miles de trabajadores", dijo la operadora de casinos.
Además, lamentó que "a pesar de que Enjoy solicito formalmente comparecer ante esa comisión investigadora (de la Cámara Baja) con el ánimo de aclarar dudas y desmentir errores garrafales, la comisión se negó a recibirnos, lo que transforma el informe en un documento absolutamente sesgado, que da cuenta de una grave transgresión a los deberes de objetividad, transparencia, debido proceso y seriedad".