Fiscalía pidió ocho años de cárcel para profesor acusado de destruir torniquete del Metro
El Ministerio Público solicita tres años de presidio para Roberto Campos por daños agravados y cinco por infringir la Ley de Seguridad del Estado.
La Defensoría Penal Pública irá al TC para requerir que esta última norma se declare inaplicable en la causa.
La Fiscalía también pidió la inhabilitación absoluta perpetua de los derechos políticos del docente.
El Ministerio Público solicitó una pena de ocho años de cárcel para el profesor de matemáticas Roberto Campos, imputado por la destrucción de un torniquete de la estación San Joaquín de la Línea 5 del Metro, desmanes registrados en la víspera de la crisis social.
En concreto, la Fiscalía pidió cinco años de presidio menor en su grado máximo en su contra por infringir la Ley de Seguridad del Estado, y otros tres años de presidio menor en su grado medio sumados a una multa de 11 UTM por el delito de daños agravados, consignó La Tercera.
Asimismo, solicitaron la inhabilitación absoluta perpetua de sus derechos políticos, y la inhabilitación absoluta para asumir cargos u oficios públicos durante el tiempo de la condena.
La audiencia de preparación del juicio oral del caso se programó este lunes para el 11 de mayo próximo.
La acusación de la Fiscalía recuerda que junto con al menos otros seis sujetos, Campos "procedió a incitar y promover por medio de gritos, aplausos y ademanes realizados con sus brazos a un grupo de personas de número indeterminado que lo observaban a romper torniquetes de control de acceso y aparatos sensores validadores de tarjetas".
El docente estuvo dos meses en prisión preventiva en la Cárcel de Alta Seguridad por estos hechos, hasta que la Corte de Apelaciones ordenó su libertad, optando en cambio por las cautelares de arresto domiciliario nocturno y firma semanal.
DEFENSORÍA IRÁ AL TC POR EL CASO
Por su parte, la Defensoría Penal Pública recurrirá al Tribunal Constitucional con miras a que éste declare inaplicable la Ley de Seguridad del Estado en la causa, según anunció el abogado Mario Araya, quien representa a Campos.
"Vamos confiados en que el tribunal, en este caso, nos dará la razón y que declarará inaplicable la Ley de Seguridad del Estado, principalmente porque tiene problemas de carácter democrático y porque no describe suficientemente las conductas por las cuales las personas puedan ser juzgadas bajo esa ley", sostuvo el jurista.
Araya agregó que la resolución del TC probablemente "va a determinar la pretensión del Ministerio Público con la presente causa. Sin embargo, creemos que incluso en un peor escenario, Roberto Campos no debiese cumplir privado de libertad".