Fiscalía removió a funcionarios que fueron a restaurante con Raúl Guzmán en cuarentena
El persecutor Patricio Rosas y el abogado asesor Roberto Contreras comieron junto al secretario del Senado en un local de San Miguel en junio de 2020.
Las defensas apelarán a lo resuelto ante la Corte Suprema, destacando la "irreprochable conducta anterior" de ambos.
La indagatoria contra el ex fiscal regional quedó sin efecto en enero, cuando el TC acogió su requerimiento de inaplicabilidad y suspendió su formalización.
La Fiscalía Metropolitana Sur anunció que el fiscal Patricio Rosas y el abogado asesor Roberto Contreras, los dos funcionarios sumariados por concurrir a un restaurante de San Miguel con el ex fiscal regional y actual secretario del Senado, Raúl Guzmán, durante la cuarentena de junio de 2020, serán sancionados con la remoción.
En ese sentido, El Mercurio consignó que, aunque es una determinación en sede administrativa, el Ministerio Público ha establecido protocolos de actuación que el propio fiscal nacional, Jorge Abbott, repasó en su última cuenta pública, que dicen relación con una "persecución criminal de forma progresiva y escalonada" en materia de violaciones al Artículo 318 del Código Penal.
"Solo se detiene y se pasa a control de detención a infractores contumaces. Como quedara dicho, a empleadores irresponsables, a organizadores de eventos masivos o a individuos con un elevado número de reincidencias", por lo que el criterio varía en otros casos, ya que "a la mayoría de los imputados se les somete a un requerimiento monitorio, cuya pena es una multa que los tribunales, en el ejercicio de sus atribuciones exclusivas, puede compatibilizar con la gravedad de la infracción".
Aquello toma relevancia en los casos de Rosas y Contreras, por cuanto sus defensores arguyen que ninguno tenía un historial de contumacia o reiteración en la conducta, e incluso hablan de "irreprochable conducta anterior".
De hecho, durante la investigación sumaria sostuvieron que los hechos ahora sancionados no son delitos funcionarios -los de mayor gravedad-, sino que más bien podrían calificar como una infracción administrativa menor, que no implicaría el máximo castigo de remoción.
DEFENSA APELARÁ ANTE LA SUPREMA
Es posible que dichos argumentos surjan nuevamente cuando los abogados Gabriel y Cristóbal Osorio apelen a lo resuelto a través de un recurso presentado ante la Corte Suprema, como adelantó al diario el primero de los juristas.
"Estamos en presencia de una resolución ilegal, que ha sido dictada con criterios extrajurídicos, en el que se está sancionando a funcionarios que jamás habían estado involucrados en infracciones administrativas en 18 años de trabajo", cuestionó Gabriel Osorio.
Por ende, enfatizó que "tenemos la plena convicción de que la Tercera Sala de la Corte Suprema dejará sin efecto la resolución por las evidentes vulneraciones al debido proceso y al derecho a la defensa jurídica, cometidas en esta larga e intensa investigación, y por la evidente falta de prueba, en tanto los hechos denunciados por el fiscal metropolitano sur no fueron probados".
Por lo demás, apuntó que "tampoco la resolución comparte los criterios expresados por el fiscal nacional, en atención a la política criminal sobre estos asuntos, lo que agrava aún más la situación".
Cabe recordar que la indagatoria contra el secretario del Senado quedó sin efecto a fines de enero pasado, cuando el Tribunal Constitucional acogió el requerimiento de inaplicabilidad presentado por Guzmán.