Brasil busca revocar ley de la dictadura usada por Bolsonaro contra sus opositores
La Cámara de Diputados visó eliminar la llamada Ley de Seguridad Nacional, que define una serie de delitos "contra el orden político y social".
Dicha legislación ha sido ampliamente utilizada por el presidente para lograr detenciones de algunos de sus críticos.
Hubo un total de 77 investigaciones entre 2019 y 2020 por esta ley, una cifra nunca vista con las administraciones anteriores.
La Cámara de Diputados de Brasil aprobó este martes un proyecto para revocar una ley de seguridad vigente desde los tiempos de la dictadura militar (1964-1985) y usada por el Gobierno de Jair Bolsonaro para investigar a críticos y opositores.
La propuesta, que ahora pasó al Senado, busca eliminar la llamada Ley de Seguridad Nacional, sancionada en 1983 y que definió una serie de delitos contra "el orden político y social", incluidos aquellos cometidos contra la figura del jefe de Estado.
"Los diputados han hecho algo histórico al cambiar un concepto antiguo que necesitaba ser revisado", celebró el presidente de la Cámara Baja, Arthur Lira.
El texto aprobado también pretende tipificar en el Código Penal 10 delitos contra el Estado Democrático de derecho, entre ellos la diseminación en masa de noticias falsas (las llamadas "fake news") en las elecciones y el atentado al derecho de manifestación.
EL USO DE ESTA LEY POR BOLSONARO
El debate en torno a la polémica Ley de Seguridad Nacional ha crecido durante el mandato de Bolsonaro y especialmente desde la detención, el pasado 16 de febrero, del diputado bolsonarista Daniel Silveira por graves amenazas e insultos a jueces de la Corte Suprema.
Bajo su mandato, el Ministerio de Justicia se basó en esa norma para investigar a críticos del presidente brasileño, entre ellos al youtuber Felipe Neto, al periodista Ricardo Noblat, al caricaturista Renato Aroreira, al abogado Marcelo Feller y más recientemente a los líderes indígenas Almir Suruí y Sonia Guajajara.
En el caso de Neto, la Policía brasileña le citó a declarar por llamar a Bolsonaro "genocida".
En marzo, el diario 'Estadao' mostró en un reportaje que el número de procedimientos abiertos para investigar posibles delitos contra "la seguridad nacional" aumentó un 285% en los dos primeros años del Gobierno de Bolsonaro, frente al mismo periodo de las administraciones de Dilma Rousseff y Michel Temer. Según el medio, hubo 20 investigaciones con base en esa ley entre 2015 y 2016 y un total de 77 entre 2019 y 2020, ya con Bolsonaro.