Servicio Jesuita acusa que el Gobierno prepara nueva expulsión masiva de migrantes
La organización afirmó que 36 extranjeros fueron detenidos, con este fin, en Calama, Santiago y Los Ángeles.
"Nos preguntamos si se dará a estas personas la posibilidad de que sus causas pasen por la justicia", planteó.
El pasado abril el Gobierno recibió diversas críticas por la forma en que 55 extranjeros fueron expulsados del país: con overoles blancos, de manos atadas y cada uno siendo escoltado por un funcionario de la PDI.
El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) denunció que la PDI ha detenido a grupos indeterminados de migrantes en tres ciudades del país y preparan su expulsión.
Según antecedentes preliminares, las detenciones se realizaron en Calama, Santiago y Los Ángeles, y se trataría de 36 inmigrantes -principalmente venezolanos- que cruzaron de manera irregular hacia nuestro país.
"Como país no podemos seguir tolerando procesos de expulsión que no respeten los marcos normativos establecidos ni den garantías mínimas para las personas detenidas en torno al debido proceso", señaló Waleska Ureta, directora nacional del SJM.
"Hoy PDI ha detenido a personas migrantes para su expulsión en al menos tres ciudades del país -Calama, Santiago, Los Ángeles-", señaló la representante, agregando: "Nos preguntamos si se dará a estas personas la posibilidad de que sus causas pasen por la justicia".
"Como Servicio Jesuita Migrante, junto a las clínicas jurídicas de la Universidad Alberto Hurtado y la Universidad Diego Portales, presentaremos todos los recursos de amparo que haya que presentar", cerró.
"PRESENTAREMOS LOS RECURSOS DE AMPARO CORRESPONDIENTES"
Carlos Bellei, abogado y vocero INDH, señaló que los equipos del instituto se encuentran desplegados a nivel regional para intentar aplicar recursos de amparo a los afectados.
"Como INDH nos encontramos desplegados con nuestros equipos regionales en distintas zonas del país, especialmente en el norte, entrevistando a personas migrantes en su mayoría de nacionalidad venezolana con órdenes de expulsión vigente", señaló Bellei.
"Se trata de personas que ingresaron a Chile por pasos no habilitados, migrando desde Venezuela debido a la crisis política y social que vive ese país -explicó el jurista- Se trata además de personas que han establecido vínculos con Chile, que tienen familia, hijos pequeños, trabajo estable".
"El regresar a Venezuela les significa un enorme riesgo. En aquellos casos que resulte procedente por vulnerarse los derechos fundamentales, estamos como instituto interponiendo los respectivos recursos de amparo", cerró.