Casi 48 años después, Australia rechazó revelar secretos sobre su papel en el golpe en Chile
Ante la Justicia, el gobierno del país oceánico se negó a desclasificar archivos sobre el presunto encubrimiento y apoyo de la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet.
Argumentó que la publicación podría poner en riesgo sus relaciones internacionales y la seguridad nacional, aún medio siglo después de ocurridos esos hechos.
Por ahora se sabe que durante la U.P., Canberra envió a Santiago a agentes secretos a petición de EE.UU., pero al poco tiempo ordenó la retirada de estos uniformados.
Sin embargo, al menos un espía se quedó hasta después de la caída de Salvador Allende, mientras que otros oficiales de inteligencia sirvieron como funcionarios de inmigración encubiertos y ayudaron a la CIA.
A pesar de que Estados Unidos desclasificó hace dos décadas documentos secretos sobre cómo encubrió y apoyó la dictadura, aún quedan muchas interrogantes sobre la actuación de su socio, Australia.
El gobierno de Australia rechazó este miércoles desclasificar documentos sobre su presunta participación en el golpe de Chile de 1973, con el argumento de que la publicación de asuntos de inteligencia podría poner en riesgo sus relaciones internacionales y la seguridad nacional.
El Ejecutivo australiano defendió esta posición durante la vista ante el Tribunal de Apelaciones Administrativas (AAT, siglas en inglés), dentro de un caso que no es judicial y aborda asuntos gubernamentales y en el que se enfrentan el exoficial de inteligencia militar australiano Clinton Fernandes y el director general de los Archivos Nacionales de Australia, David Fricker.
Las vistas que se extienden hasta el viernes serán en su mayor parte a puerta cerrada debido a que la fiscal general de Australia, Michaelia Cash, señaló en una orden emitida el 25 de mayo que los testimonios de asuntos "confidenciales" en el caso "perjudican a la seguridad, defensa y relaciones internacionales" de su país.
A pesar de que Estados Unidos desclasificó hace dos décadas documentos secretos sobre cómo encubrió y apoyó la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet (1973-1990), aún quedan muchas interrogantes sobre la actuación de su socio, Australia, en la antesala del golpe que tumbó al socialista Salvador Allende.
Las preguntas llevan décadas sin respuesta debido a los mecanismos legales que tiene el país oceánico para proteger sus secretos ilimitadamente.
Por ahora se sabe que Australia envió a Chile en 1971 a agentes de los Servicios Secretos Australianos de Inteligencia (ASIS, siglas en inglés) durante el gobierno del liberal Billy McMahon, a petición de Washington, pero su sucesor, el laborista Gough Whitlam (1972-73) ordenó la retirada de estos uniformados del país sudamericano.
Sin embargo, al menos un agente de ASIS se quedó en Chile hasta después del golpe, mientras que algunos oficiales de la ASIO (la agencia de inteligencia australiana) trabajaron como agentes de inmigración encubiertos y ayudaron a la CIA estadounidense antes del derrocamiento de Allende, según recordaba este miércoles la revista política Crickey.
Fernandes argumentó en un documento presentado ante el AAT y enviado a Efe que "muchos australianos tendrían derecho a expresar su legítima preocupación si se descubriera que ASIS o ASIO hubieran cooperado con la CIA" en el golpe contra Allende.
Fernandes considera que la colaboración pudo darse, "por ejemplo, ayudando a crear lo que la CIA llamaba un 'clima golpista' para destruir la economía y animar a los militares chilenos bajo el mando del general Augusto Pinochet a dar el golpe de Estado".
"Estos crímenes están lejos de ser triviales; en un país con una población de 10 millones en 1973 hubo unos 4.000 casos de muerte o desaparición por parte del régimen, además de 150.000 a 200.000 casos de detenciones políticas y unos 100.000 casos creíbles de tortura", apuntó el académico y experto en relaciones internacionales en ese texto.
RIESGO PARA LAS RELACIONES AUSTRALIANAS
El abogado del gobierno australiano Andrew Berger remarcó durante la vista que la divulgación de "asuntos altamente especializados" pueden poner en peligro a Australia, aún medio siglo después de ocurridos esos hechos.
Asimismo consideró que la desclasificación de los documentos podría contener, frases, nombres, registros u otros elementos que pueden caer en manos de "adversarios extranjeros" o atentar contra la seguridad del país.
Por su parte, Anthony Sheehan, subsecretario de Seguridad Internacional del Ministerio de Exteriores de Australia, señaló que existen "aspectos (en los documentos) que necesitan ser protegidos", al considerar que la desclasificación supone "un riesgo real" para las "relaciones internacionales y la seguridad" del país.
Sheehan, cuyo testimonio fue parcialmente divulgado, admitió que probablemente no todos los documentos que revisó sean sensibles para su Ministerio, aunque recalcó: "No puedo comentar sobre asuntos relacionados con la ASIS".
INTERÉS PÚBLICO AUSTRALIANO
En la vista a la que tuvo acceso virtual y parcial Efe, en la que hubo problemas de transmisión, el abogado de Fernandes, Ian Latham, dijo que la desclasificación de estos documentos es "de interés público" porque "llenarán algunos de los vacíos históricos" en Australia.
Latham, quien ha trabajado desde hace varios años en diversas batallas legales con Fernandes para desclasificar documentos australianos claves, remarcó que su cliente "no desea revelar el nombre de los agentes", incluso después de muertos, ni tampoco "revelar detalles de las técnicas de vigilancia".
En las vistas también declararán un ex agente de ASIO bajo el nombre ficticio de Peter Darby, cuya declaración apunta a que la información debería ser "mantenida en secreto para siempre" dado que implica un riesgo para las relaciones de Australia con los servicios de inteligencia extranjeros, según el documento de Fernandes.
Otro testigo con el nombre encubierto de Jack Lowe "no aclara cómo los eventos en Chile afectan a la seguridad o defensa de Australia", según el documento de Fernandes, quien además consideró que el secreto en torno a ASIS y el gobierno australiano evitan que rindan cuentas ante el Parlamento y la opinión pública.
Tras la vista, Fernandes rechazó en declaraciones a Efe los argumentos del gobierno australiano sobre la seguridad nacional porque el secreto en torno a los documentos es "proteger al Estado de un daño, no al gobierno de la vergüenza".