Abbott se abrió a una amnistía para detenidos por desórdenes en el estallido

El fiscal nacional, Jorge Abbott, volvió a recalcar que no existe la posibilidad de un indulto, ni la existencia de los llamados "presos políticos" del estallido social, pero sí se abrió a la posibilidad de una amnistía a quienes quedaron con sus antecedentes "manchados" por delitos menores, como desórdenes. 

En entrevista con El Mercurio, Abbott señaló que "en los derechos violentos no es posible pensar en indulto ni amnistía, porque es una muy mala señal. Es normalizar la violencia en las manifestaciones" y que se estaría "promoviendo una situación incontrolable en el futuro: manifestaciones usando bombas molotov, civiles disparando a manifestantes". 

Aún así, agregó que "uno puede pensar para que probablemente con el objetivo de que las personas no queden con antecedentes penales en algún tipo de delitos, como los desórdenes, daños simples, uno podría entender que en el contexto de una revuelta se detuvo a ciertas personas y se las pasó a control de detención y fueron condenadas por estos delitos de menor entidad, bien, para que no queden con antecedentes penales".

Y agregó que "lo que no es posible es indultar a personas que fueron condenadas a altas penas producto de hechos gravísimos" y pidió recular a quienes hablan de "presos políticos", porque hasta el momento no existen detenidos "por sus ideas. Las personas están presas por los hechos delictuales graves en los que incurrieron". 

Respecto al anuncio del Presidente Sebastián Piñera sobre la creación de una Fiscalía Especializada en delitos contra los Derechos Humanos, Abbott valoró esto para abrir investigaciones y "ver si hay una política sistemática de violaciones de los DDHH". 

Al entrar en detalles sobre este nuevo organismo, el fiscal indicó que "debe tener una enorme legitimidad social para poder abordar investigaciones que pueden afectar a funcionarios del Estado, que pueden estar vinculados a diferentes niveles de su jerarquía".

Y añadió que tendrá un fiscal jefe, con la misma jerarquía que un fiscal regional, trabajando de forma descentralizada con tres divisiones -norte, centro y sur-, con 27 persecutores más personal de apoyo y que tendrá una inversión de uno 5 o 6 mil millones de pesos, es decir, un 3-4% del presupuesto del Ministerio Público. 

"La idea, naturalmente, es ir priorizando los delitos más graves, de tortura, de apremios ilegítimos, los desnunamientos, las lesiones en el tercio superior del cuerpo", esto para "darle certeza a la comunidad de que hemos realizados todas las dilibencias para establecer las responsabilidades individuales, como eventualmente también responsabilidades del mando", sostuvo.