Diputado PPD denuncia comercio de piezas dentales de cadáveres en Viña del Mar
El parlamentario Rodrigo González apuntó su acusación hacia el cementerio Santa Inés, bajo administración municipal.
El diputado Rodrigo González (PPD), denunció ante el Ministerio Público una serie de irregularidades que pueden revestir carácter de delito y que involucran a funcionarios y ex funcionarios de la Corporación Municipal de Viña del Mar.
La denuncia más grave tiene que ver con el cementerio Santa Inés, de administración municipal: el parlamentario acusa al ex gerente Rodrigo Macuada y su secretaria de estar involucrados en la exhumación y traslado de cadáveres de la fosa comuna a los cuales se les extraían piezas dentales para obtener oro.
Según se detalla en la acusación presentada por González, el 8 de abril de 2020 Juan Carlos Herrera, trabajador del cementerio de Santa Inés, recibió la orden de abrir una bóveda y remover los restos de un menor. Llegó al lugar un funcionario que comenzó a retirar restos de otros cadáveres, particularmente piezas dentales enchapadas en oro, fundas dentales de oro y objetos de valor, bajo instrucciones del administrador del cementerio, Rodrigo Macuada. Este funcionario recibió además una indemnización ilegal ordenada por el gerente Claudio Boisier, a pesar de que Macuada fue despedido por tutela laboral.
La denuncia del legislador apunta a que estos hechos se produjeron en otras ocasiones, respecto de numerosos cadáveres. Por esa razón Juan Carlos Herrera presentó una querella por el delito de exhumación y traslación de cadáver, tipificado y sancionado en el artículo 322 del Código Penal y por el presunto delito de hurto agravado presentadas por el abogado Cristian Muñoz en el Tribunal de Garantía de Viña del Mar.
Para González, "el papel que jugará el Ministerio Público será vital para determinar el o los responsables de lo ocurrido en el cementerio, y otras situaciones anómalas derivadas de una operación informática en computadores de la Corporación de Viña para manipular archivos y documentos contables según correos electrónicos comprobatorios que fueron proporcionados a la Fiscalía. Tal operación buscaría proteger auditorías, encubriendo información sensible que afecta al gerente Boisier".
A lo anterior, González sumó la denuncia de otros hechos, como el finiquito recibido por una trabajadora con fondos públicos destinados para otras actividades: "Se ha producido la desviación de caudales públicos a través de finiquitos a una funcionaria pública por más de 19 millones de pesos, utilizando fondos de la Corporación que están destinados a otros objetivos. Dicho finiquito debió generarse desde el Mineduc y no desde la Corporación Municipal. En la presentación se adjuntó la documentación que respalda los hechos denunciados".