Más de 40 países piden a la ONU investigar violación de derechos humanos en Xinjiang
La declaración fue presentada ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y manifiesta su preocupación por dicha región china, donde se estarían cometiendo vejámenes.
Además, urgieron a China a que permita a observadores independientes para investigar la existencia de estos delitos.
España, Reino Unido, Australia, Suiza, Nueva Zelanda y Honduras también firmaron la declaración.
La delegación de Canadá ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU encabezó este martes una declaración, secundada por EE.UU. y gran parte de los países miembros de la Unión Europea, expresando preocupación por la situación en Xinjiang y pidiendo una investigación independiente de posibles abusos en esa región china.
La declaración contó con el apoyo de 43 países (entre ellos España, Reino Unido, Australia, Suiza, Nueva Zelanda y Honduras) y es, según grupos de derechos humanos, la primera que consigue un número tan alto de firmantes contra China en el seno de Naciones Unidas.
El texto expresa la preocupación sobre el deterioro de los derechos humanos en Xinjiang, región habitada por uigures y otras etnias musulmanas, y donde "informaciones creíbles indican que más de un millón de personas fueron detenidas arbitrariamente" y existe una amplia vigilancia de esas minorías.
También se han denunciado "restricciones contra la cultura uigur y las libertades fundamentales", así como "informes de tortura y otros tratamientos y castigos crueles e inhumanos, esterilizaciones forzadas, violencia sexual y de género, y desaparición forzada de niños de sus padres por parte de las autoridades".
Ante estas denuncias, los 43 países firmantes urgieron a China a que permita a observadores independientes, incluyendo la alta comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, entrar en Xinjiang para investigar estos posibles abusos de derechos humanos.
La declaración también expresó preocupación por el empeoramiento de las libertades fundamentales en Hong Kong tras la adopción de la Ley de Seguridad Nacional, así como por la situación de los derechos humanos en el Tíbet.
El pasado mes de marzo la Unión Europea impuso sanciones contra funcionarios chinos por supuestos abusos a los derechos humanos en la región de Xinjiang, primeras que Bruselas dirigía contra el país asiático desde las que dictó tras la matanza de Tiananmen de 1989.