Justicia destraba cierre de la Universidad La República, que insistirá en ofensiva para evitarlo

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Autor: Cooperativa.cl

La Corte de Apelaciones revocó una resolución que había paralizado el proceso, y el Mineduc afina la propuesta de un administrador de cierre que debe ser visado por el CNED.

La casa de estudios, en tanto, tachó de "sorprendente" la resolución del tribunal de alzada y presentó un escrito de reposición en contra de la misma.

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El CNED visó el cierre de la universidad debido a una "grave crisis financiera, patrimonial y administrativa que hace inviable la continuidad de sus funciones y la entrega del servicio educativo".

La Justicia destrabó el proceso de cierre de la Universidad La República (Ulare), y el Ministerio de Educación afina su propuesta de administrador de cierre, nombre que se mantiene bajo reserva y que deberá aprobar o rechazar el Consejo Nacional de Educación (CNED), que en mayo visó la revocación del reconocimiento oficial y la cancelación de la personalidad jurídica del plantel.

El 30 de junio, la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revocó la resolución y dejó sin efecto la orden de no innovar del día 15 que impedía al Mineduc continuar con el cierre de la universidad, publica hoy La Tercera.

Sin embargo, la casa de estudios no se ha quedado de brazos cruzados y desplegó un intenso lobby con diputados y senadores de distintas bancadas para evitar que siga adelante el proceso. Incluso ayer la comisión de Educación de la Cámara Baja recibió por segunda vez al rector Fernando Lagos (PPD), quien formuló críticas al Mineduc y acusó: "No sólo no hemos sido escuchados, sino que también hemos sido atropellados desde la opinión pública".

Asimismo, el abogado y ex presidente de la asamblea de socios, Leandro Carvallo Rodó (PR), junto a su hija Macarena (PR) -ex subsecretaria de Previsión Social del Gobierno de Ricardo Lagos-, han lanzado una ofensiva en tribunales: por medio de un recurso de reclamación en contra de la Superintendencia de Educación Superior -cuya investigación derivó en el cierre- y a través de un recurso de protección en contra del CNED.

Y frente al último revés judicial, la última jornada la defensa de la Ulare volvió a la carga y presentó un escrito de reposición contra la resolución de la Tercera Sala del tribunal de alzada.

En éste, el abogado Leandro Carvallo cuestionó duramente a la Corte y sus miembros, y apuntó que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) -que actúa en representación del CNED- no aportó antecedentes nuevos que permitieran revocar la primera decisión de mediados de junio.

"Me causa sorpresa que el Ministro Sr. Juan Mera, que es una persona de máxima corrección, haya permitido que esta reposición deducida por el Consejo de Defensa del Estado se haya visto y decido por la Tercera Sala que preside, conformada por un Abogado Integrante distinto al que con su voto favorable concurrió el 15 de junio a otorgar la ONI", reprochó Carvallo, según el rotativo.

El jurista, que fustigó una supuesta falta "ética y moral" del tribunal, solicitó que se vote nuevamente el recurso de reposición del CDE, pero que sea visto por los dos ministros titulares y por el abogado integrante Cristián Lepín Molina.

En paralelo, la Contraloría General de La República resolvió abstenerse de emitir un pronunciamiento ante un requerimiento planteado los diputados Cristina Girardi (PPD), Camila Rojas (Comunes), Camila Vallejo (PC) y Gonzalo Winter (CS), quienes solicitaron conocer si era procedente el nombramiento de un administrador provisional, en forma previa a la designación de un administrador de cierre.

Por otra parte, un grupo de 50 estudiantes Enfermería presentó dos recursos de protección contra la Universidad La República, alegando que "de forma arbitral e ilegal intenta cambiar las condiciones" debido a un alto costo en el valor del examen de título. Se trata de un proceso con un costo superior a los 500.000 pesos que, dicen los afectados, nunca estuvo considerado en la malla curricular de la carrera; y que acusan que se les exige matricularse y pagarlo y de no hacerlo, quedan imposibilitados de recibirse y, por consiguiente, perderán sus estudios.