Gobierno llama a "centrarnos en lo importante" ante cuestionamientos por la Convención
Desde La Moneda insisten que hay una responsabilidad técnica y que los cuestionamientos no pueden elevarse a nivel político.
Convencionales exigen las renuncias del secretario ejecutivo Francisco Encina y del ministro de la Segpres, Juan José Ossa.
Los problemas para instalar la Convención Constitucional, que recién este miércoles pudo trabajar, han generado una gran molestia de varios constituyentes contra el Gobierno, incluso pidiendo la salida de los encargados de organizar y entregar todas las garantías para este proceso.
Uno de estos es el secretario ejecutivo de la Convención, Francisco Encina, apuntado por los integrantes del organismo como uno de los responsables del fracaso de la primera sesión y quien presentó su renuncia, la que se espera que sea aceptada y oficializada esta jornada.
Al llegar al ex Congreso, el subsecretario de la Segpres, Máximo Pavez, no quiso profundizar en una posible salida de Encina y aseguró que lo importante es poder dar inicio a la Convención después de varios inconvenientes técnicos y sanitarios.
"Hago un llamado a los medios de comunicación a la responsabilidad, a centrarnos en lo importante, hoy es un día soleado, día de invierno en el que estamos muy contentos de que por fin está partiendo de buena forma la Convención Constitucional", afirmó la autoridad.
Desde La Moneda, insisten que en esta situación hay una responsabilidad técnica y que los cuestionamientos no pueden elevarse a nivel político, mirada muy distinta a la que tienen varios parlamentarios y constituyentes de la oposición, que aseguran que debe renunciar el ministro Juan José Ossa, de la Secretaría General de la Presidencia.
En el Congreso, el Partido Comunista anunció una acusación constitucional y en varias otras bancadas dicen que esto no se puede descartar.
La diputada comunista Karol Cariola adujo que "llevar adelante la acusación constitucional contra el ministro Ossa es una responsabilidad del Congreso Nacional, porque, si le dejamos pasar esto al Gobierno, probablemente este boicot del que todo Chile fue testigo se puede volver a repetir".
"Estamos conversando con otras bancadas, presentándoles nuestros argumentos y evaluando cuáles son las condiciones en cuanto a correlación de fuerzas para la aprobación de esta acusación constitucional", agregó.
"Es un fracaso del Gobierno"
Sobre estos problemas, el senador del Comité de la Democracia Cristiana, Jorge Pizarro, señaló que "el fracaso del inicio de las sesiones de la Convención Constituyente está dado por la incompetencia del Gobierno".
"Claramente, una vez más fracasaron: la semana anterior anunciaban con bombos y platillos que tenían todo listo, hacían imágenes y trataban de demostrar que estaba todo fantástico, y el resultado ya lo conocemos", indicó el parlamentario.
Además, aseguró que "el Gobierno tiene la obligación de facilitarles el trabajo y asegurar que la Convención pueda funcionar, eso es lo que tiene que hacer".
Margarita Portuguez, presidenta de Revolución Democrática, señaló que "deben sumirse responsabilidades políticas por parte de Ejecutivo, pues, según la propia Constitución, es el Presidente quien debe responder por el correcto funcionamiento de la Convención".
En tanto, el senador y presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, acusó que "aquí ha habido desidia, desinterés, ineficiencia, y esperamos que el Gobierno deje de ser un estorbo y que cumpla con su función".
Por su parte, el senador UDI Juan Antonio Coloma afirmó que debe existir una armonía entre los distintos organismos que están funcionando en este proceso, tanto la Convención como el Gobierno.
"Creo que tiene que seguir funcionando el Gobierno, y adicionalmente está funcionando este escenario constitucional: son armónicos, no es uno que pase por arriba del otro", puntualizó el parlamentario.
En tanto, el timonel gremialista, Javier Macaya, afirmó que "es un rol de administración lo que le corresponde al Gobierno este año, pero con desafíos muy importantes en materia sanitaria y de seguridad pública".