Allanan casa e incautan documentos del ex alcalde Raúl Torrealba
La PDI y la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente investigan posibles irregularidades bajo su administración a raíz de una denuncia de la actual jefa comunal de Vitacura, Camila Merino (Evópoli).
La diligencia se realizó el lunes sin presencia del militante RN, quien se encuentra en el sur del país.
Se investigan posibles delitos de malversación de caudales públicos, falsificación de instrumento privado, fraude y exacciones ilegales.
La Policía de Investigaciones (PDI) incautó una serie de documentos de la casa del ex alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, en el marco de diligencias por la presunta irregularidad en el pago de subvenciones a los programas Vita durante su administración.
Esta investigación comenzó luego de que la alcaldesa Camila Merino (Evópoli) detectara diferencias en la firma de Domingo Prieto, ex presidente y representante legal del Consejo Local de Deportes de Vitacura y ex representante de Vita Salud y Vita Deportes.
Debido a esto, la nueva administración presentó a finales de julio una denuncia por los delitos de "malversación de caudales públicos, falsificación de instrumento privado, fraude y exacciones ilegales".
En el marco de esta investigación, La Tercera dio cuenta que la Fiscalía de Alta Complejidad Metropolitana Oriente solicitó a la PDI revisar la casa del ex alcalde en Vitacura, de la que se llevaron una serie de documentos. Este procedimiento se hizo sin la presencia de Torrealba, dado que se encuentra en el sur del país -según indicaron sus cercanos- descansado tras dejar sus labores en la comuna.
La diligencia en esta vivienda se suma a las realizadas por la PDI en la Municipalidad de Vitacura, donde se incautaron computadores.
Funcionarios suspendidos, aunque mantienen sus millonarios salarios
Tras las incautaciones en el municipio y el allanamiento en la casa de Torrealba, la alcaldesa Merino tuvo una reunión el martes con los concejales para darles a conocer la situación y evitar que se enteraran por la prensa.
Según La Tercera PM, los asistentes aseguraron que aunque no recibieron detalles sobre la investigación, si se les dio a conocer sobre la suspensión de tres funcionarios: José Bucarey, director Administración y Finanzas; Sergio Beaumont, contralor municipal, y Antonia Larraín, directora subrogante de Desarrollo Comunitario.
La medida busca que estas personas, a quienes se les incautó sus computadores, no puedan ser un obstáculo para la investigación que lidera la Fiscalía, aunque mantienen sus millonarios salarios.
Bucarey tiene un sueldo de 5.299.226 pesos, Beaumont 5.299.226 pesos y Larraín 5.486.600 pesos.